La Fundación contra el Narcotráfico y los procuradores de A Coruña son impulsores del programa
n n n La Fundación gallega contra el Narcotráfico y el Colegio de Procuradores de A Coruña colaboran en la implantación de un "sistema pionero en Galicia" para que los bienes incautados en operativos contra el narcotráfico tengan una "gestión inmediata" que evite su depreciación. Para dar a conocer esta herramienta a los profesionales de la justicia, la Escola Galega de Administración Pública (Egap) acogió ayer unas jornadas a las que han acudido, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas; el vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Carlos Sánchez García, o el vicepresidente de la Fundación gallega contra el narcotráfico, Enrique León Calviño.
En su intervención, el presidente del TSXG aseguró que la mejora de la gestión de los bienes incautados en procesos contra el tráfico de drogas era una "asignatura pendiente en la jurisdicción penal, en los tribunales, en los juzgados, desde hace tiempo" ya que "se ordenaban embargos de bienes que no se podían ni siquiera conservar". "El valor intrínseco que podía tener un bien desaparecía a lo largo de la instrucción" y este servicio "viene a paliar esta situación tanto a nivel nacional como gallego", apuntó.
Retorno a la sociedad
En esta línea, el gerente de la citada fundación, Fernando Alonso, precisó que, con esta nueva herramienta, los profesionales de la justicia podrán "aprovechar lo que permite la ley" para "hacer la venta anticipada de esos bienes" y "que las fortunas de la droga sean retornadas lo antes posible a la sociedad". "Es lo que sucede, por ejemplo, con los coches que hoy se incautan en un operativo. Dentro de dos días no valen nada y dentro de tres nos cuestan dinero a todos", señaló Alonso, que indicó que esta "gestión inmediata" se puede hacer "bien a través de la venta para asegurar la recaudación para el Estado" o mediante "la cesión para uso social de los bienes que por distintas razones no pueden ser vendidos".
"Hablamos de ceder un coche para un comedor social o para atención a drogodependientes; de ceder ordenadores, teléfonos móviles o todo este tipo de bienes que hasta ahora se venían cubriendo de polvo en el sótano de un juzgado o de una comisaría para que puedan tener uso para toda la sociedad", añadió. De este modo, apuntó, la Fundación colabora con los procuradores, que tienen la cualificación necesaria para llevar a cabo el servicio, para "conservar los bienes a buen recaudo, hacer una evaluación de su valor" e "indicar los posibles destinos" para que "el juez tome las decisiones oportunas" y "evitar que el valor se deprecie o se convierta en chatarra".
En este sentido, tras señalar que el servicio ya empieza a dar sus frutos en algunos operativos que se están llevando a cabo en la actualidad desde su puesta en marcha en abril de 2015, Alonso consideró "importantísimo" ayudar a los juzgados y a las fuerzas de seguridad a "hacer una tarea que no les es propia". "Lo que no puede ser es que desde un juzgado se tenga que pagar la comunidad del piso de un narcotraficante, el seguro de un vehículo o a pasarle la ITV a coches de traficantes", apuntó.
Para dejar clara la importancia de la correcta "administración y custodia" de estos bienes, el vicepresidente de la Fundación gallega contra el narcotráfico, Enrique León Calviño, puso como ejemplo el caso de un proceso contra "una de las familias más conocidas del narcotráfico en Galicia". "En los años 90, en la segunda parte de la operación nécora, se incautaron varios bienes, entre ellos un BMV, en un operativo. El coche fue aparcado frente a las dependencias de una comisaría. ¿Quién iba a pensar que alguien iba a ir a por el coche delante de una comisaría?", recordó antes de señalar que "al cabo de dos o tres días, alguien fue a por el coche y nunca más apareció". n
