Economía

Portugal logra el rescate de la Caixa Geral con 4.600 millones

Una de las oficinas de la Caixa Geral de Dépositos en las que la ya se analiza el acuerdo con la Comisión Europea.
photo_camera Una de las oficinas de la Caixa Geral de Dépositos en las que la ya se analiza el acuerdo con la Comisión Europea.

La Comisión Europea y el gobierno portugués alcanzan un acuerdo que no afecta al déficit luso

 Bruselas y Lisboa pusieron ayer fin a la incertidumbre sobre la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) y aprobaron una recapitalización de hasta 4.600 millones de euros que no afectará al déficit luso, aunque sí obligará a un Presupuesto Rectificativo. "Es muy buena noticia para la Caixa y para todo el sistema bancario portugués. La Caixa se mantendrá 100% pública y más fuerte para cumplir con su misión" de apoyo y financiación a la economía lusa, afirmó ayer el ministro de Finanzas de Portugal, Mário Centeno.
Centeno explicó en rueda de prensa cómo será la recapitalización del principal banco portugués, en la que también se abordó el polémico plan de reducción de trabajadores. Según palabras del ministro, se realizará "con rescisiones de mutuo acuerdo y jubilaciones anticipadas", pero sin especificar ni cuántas ni dónde.

inyección
El Estado luso inyectará 2.700 millones en la entidad, que no afectarán al déficit al no considerarse ayuda pública, y le transferirá sus acciones en la gestora pública ParCaixa, valoradas en 500 millones de euros. El banco recibirá otros 900 millones de euros de la conversión en capital de la ayuda que el Estado le había prestado durante los años del rescate financiero en forma de instrumentos de capital contingente ("CoCos") y lanzará una emisión de deuda subordinada para inversores privados para recaudar hasta 1.000 millones  más. La recapitalización "no constituye ayuda de Estado, este acuerdo es innovador en Europa. Creo que es la primera vez que una inversión financiera se trata en estas condiciones", opinó Centeno.
Desde Bruselas, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, explicó que los 2.700 millones no se consideran ayuda pública, porque se realizan "bajo condiciones de mercado", pues hay una previsión de retorno al Estado "lo suficientemente elevada" como para que también un inversor privado los hubiera aceptado.n

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