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El administrador concursal de Souto detecta irregularidades en la gestión

Furgoneta de Transportes Souto estacionada en la calle meses después del concurso.
photo_camera Furgoneta de Transportes Souto estacionada en la calle meses después del concurso.

El responsable del concurso de acreedores revela que había camiones con hasta cinco cargas hipotecarias

El administrador concursal de Transportes Souto señala en su Informe Provisional de la Administración concursal que existen indicios de irregularidades en la gestión de la empresa y critica varias decisiones de los propietarios, como cesar la actividad sin previo avisa en vez de realizar un Expediente de Regulación de Empleo.
El documento, al que ha tenido acceso la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), detalla los datos y circunstancias expresadas por la empresa deudora, el estado de su contabilidad, la memoria de las principales decisiones y actuaciones concursales así como una exposición motivada acerca de la situación patrimonial de la empresa y de los datos relevantes para la ulterior tramitación del concurso.
El Administrador concursal pone de relieve la excesiva exposición de la empresa a inversiones inmobiliarias. Se refiere a los alquileres de alguna de las naves donde realizaba sus operaciones, las rentas mensuales no pueden “considerarse importes ajustados a mercado”. También llama la atención sobre el hecho de que la empresa concursada “haya invertido el dinero generado con su actividad principal no en la actividad que forma parte de su objeto social, sino en el sector inmobiliario”, habiéndose producido un deterioro de activos inmobiliarios por un importe cercano a los 6 millones de euros que lleva a cabo la empresa contablemente a finales de 2014, lo que ocasiona “un importante quebranto”. 
El informe destaca la situación acreedora que Souto mantiene con entidades vinculadas a la propia empresa por un importe acumulado superior a los 3’5 millones de euros. Destaca las inversiones financieras a corto plazo realizado “compuesta casi íntegramente por un crédito a favor del socio y administrador Jesús Martínez Souto que alcanza los 13.776.131,16 euros” sin que hasta la fecha la Administración concursal haya obtenido su justificación y soporte documental pese a haberlo solicitado, ante lo cual en el informe se indica no entender “el propósito de tal operación ni mucho menos el beneficio obtenido para la compañía”. 
Con estas tres eventualidades, “en los últimos ejercicios han salido recursos de la compañía por importe próximo a los 20 millones de euros a favor de partes y entidades vinculadas con una muy remota posibilidad de retorno para Transportes Martínez Souto S.L., lo que a juicio de esta parte también puede haber influido notablemente en la causa del estado actual de insolvencia”.
La Administración concursal manifiesta también su sorpresa por la paralización “repentina y radical” de la actividad de la compañía que se llevó a cabo a mediados de febrero de 2018, que a su entender se realizó “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”. Así considera incomprensible e injustificado que no hubiese iniciado un expediente de regulación de empleo de la plantilla previo a la declaración de concurso “teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores llevaban sin cobrar la paga extra de Navidad de 2017”. Esto provocó que los trabajadores alargaran innecesariamente su relación laboral “incrementando de forma importante sus deudas salariales contra la masa”, teniendo en cuenta que la nómina mensual de la compañía superaba los 800.000 euros mensuales. 
Todo lo anterior lleva al administrador concursal a realizar un “juicio crítico sobre las cuentas anuales y los estados financieros” de la empresa, haciendo mención especial sobre algunos aspectos contables de Souto, entre otros, su absoluta falta de recursos y el estado general de la contabilidad, que se tradujo en “un abandono de sus obligaciones contables y fiscales”. A modo de anécdota se refiere al escaso control sobre los elementos de transporte o el hecho de que sobre alguno de los camiones existían varias cargas hipotecarias (hasta 5 en algún caso) de deudas canceladas y pendientes del correspondiente alzamiento registral.

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