La Xunta pone fin al contrato para reformar los antiguos juzgados

El choque entre Xunta y Concello por la propiedad del edificio de los antiguos juzgados en la calle Lalín continúa con el anuncio del fin del contrato para el centro de asociacionismo. Ambas administraciones intercambiaron ayer comunicados públicos de este inmueble, cuya licencia quedó paralizada al alegar el Concello que el edificio era de propiedad municipal, ante lo que la Xunta anunció ahora la resolución del contrato.

Según el comunicado emitido ayer por la Administración autonómica, esta decisión se debe al “bloqueo por parte del Concello” respecto a la licencia suspendida meses después de ser autorizada. La Xunta asegura que, al no recibir respuesta a las alegaciones presentadas en febrero, se ve obligada a paralizar el proyecto, que contaba con “fondos europeos y fondos propios que tienen que ser ejecutados”. El comunicado subraya que el objetivo era rehabilitar un edificio que el Gobierno gallego calificó de “gran valor patrimonial” para alojar a “más de cien asociaciones”, y lamenta “la actitud incomprensible del Concello”, que “obstaculizó una inversión crucial para la ciudad”.

Por su parte, el Concello rechazó las afirmaciones de la Xunta, calificándolas de “otra gran mentira” y acusando al Gobierno gallego de pretender “quedarse con el suelo propiedad del Concello”. En su respuesta, el Ayuntamiento aseguró que el edificio se destinará a servicios municipales para las zonas de Coia y Navia, incluyendo un auditorio y salas de reuniones, y anunció que solicitará ayudas a Bruselas para su adecuación. “Pediremos fondos europeos, esos que, por cierto, la Xunta no le dio al Concello, ni un solo céntimo de fondos europeos recibidos fueron del Gobierno autonómico”, afirmaron.

El conflicto se enmarca, según el Concello, en una serie de desencuentros con la Xunta, que incluirían la paralización de proyectos como el túnel de Porta do Sol, el túnel de Beiramar o la reforma del Paseo de Alfonso, a lo que añadieron también el “rechazo” a que Vigo sea sede del Mundial 2030. La Xunta, sin embargo, reiteró en su comunicado su “compromiso con Vigo, donde seguirá invirtiendo pese a las trabas del Concello”. Así, el conflicto continúa. Ambas administraciones coinciden en la necesidad de poner el edificio a disposición ciudadana, pero discrepan en el modelo y la titularidad.