Viviendas expropiadas para planes fallidos, en abandono total en Vigo

Los desencuentros entre administraciones con los cambios de Gobierno y planes urbanísticos han pasado factura a Vigo, con proyectos fallidos, inversiones millonarias perdidas y viviendas arrebatadas a sus propietarios, actualmente en abandono o tomadas por okupas.

A poco menos de dos meses para que la nueva Cidade da Xustiza esté totalmente operativa en el entorno de Pizarro, los 6.000 metros cuadrados de las 16 fincas y ocho viviendas expropiadas en el entorno del Chouzo para la ampliación judicial descartada llevan siete años convertidos en un ‘leira park’. El procedimiento fue largo y traumático para los afectados a los que de la noche a la mañana les cambió la vida. Concello y Xunta, en eterna pugna, dilataron la puesta en marcha de un proyecto que acabó modificándose por completo y trasladándose al antiguo hospital Xeral cuando ya era tarde para revertir la situación.

Fueron casi cuatro millones de euros invertidos en terrenos e indemnizaciones y una decena de familias, algunos miembros ya fallecidos, obligados a abandonar sus propiedades. Sobre la mesa, está la construcción de la Biblioteca del Estado, un proyecto enquistado desde hace años y cuyo avance se antoja lento, con una asignación simbólica para este año en los Presupuestos Generales del Estado de apenas 100.000 de los 10,2 millones previstos.

La suma de dinero público destinado a expropiaciones en proyectos fallidos en Vigo es muy superior. Años antes, en 2006, el estudio para la llegada del AVE a Vigo, el Eje Atlántico, puso patas arriba Teis. Fomento aprobó un trazado en superficie sobre un centenar de fincas y una decena de viviendas. Tras aprobarse las expropiaciones, finalmente se acordó la entrada por túnel subterráneo, la obra entre Vigo y As Maceiras que permitió en enlace ferroviario del AVE actual. El Ministerio ya había abonado casi un millón de euros a los afectados.

Sin embargo, gran parte de esta suma no llegó a sus destinatarios o fue insuficiente para que afrontasen el pago de una nueva vivienda ante la orden de desalojo que ya se había decidido antes de que se procediese al cambio de trazado. Estas personas -unas cuarenta familias-, se vieron inmersas en un proceso en el que Fomento les llegó a reclamar el adelanto de las expropiaciones más los intereses y por el que llegaron a los tribunales en juicios individuales y con desigual suerte en cada caso. El problema, según los afectados, es que una vez recibido el 10% del valor de la expropiación se está obligado a abandonar la propiedad, lo que llevó a muchos de ellos a hipotecarse en una nueva vivienda sin haber recibido el total de una indemnización que nunca llegó.

Más de 15 años después, aquel barrio de Teis es hoy una sucesión de casas okupadas, algunas por sus antiguos dueños, y terrenos que Fomento llegó a registrar como de su propiedad, tras una sentencia de la Audiencia Nacional que reconocía la validez de la expropiación inicial.

Otro frente abierto en la actualidad es la ampliación del vial PO-010, prevista en el nuevo PGOM (y sin la cual la Xunta no puede dar luz verde al nuevo plan urbanístico, según detalló el alcalde), que amenaza con expropiar directamente unas 40 fincas, entre las que hay casas que se acaban de construir e incluso que todavía se están construyendo, y la asociación que se opone a dicho vial (Avibe) calcula que hay unos 200 afectados por proximidad. Pero por el momento nadie ha mostrado su intención de llevar a cabo esta ampliación, pues el Concello asegura que le pertenece a la Xunta mientras que el Gobierno autonómico indica que, como transcurre únicamente por territorio municipal, es una vía que le corresponde financiar al Ayuntamiento de Vigo.