Violencia de género y sexual para un solo juez hasta enero en Vigo
El juzgado en malos tratos comenzó ayer las nuevas competencias sin refuerzos y en medio de la polémica por las esperas de los informes forenses a las víctimas
Desde ayer y tal y como estaba anunciado, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo asume también los delitos sexuales. El primer día transcurrió con normalidad, sin ningún caso de la nueva atribución, pero en medio de la polémica sobre los tiempos de espera de los informes forenses a las víctimas.
El juez asume esta nueva carga de trabajo en solitario y sin refuerzos hasta enero, cuando se prevé llegue la segunda sección aprobada por el Ministerio de Justicia. Se prevé un incremento del 13% más de asuntos. El nuevo rumbo de este juzgado comenzó con incertidumbre sobre lo que supondrá ese aumento de carga y con polémica por las esperas de los informes forenses a las víctimas, necesarios para conocer el impacto de la violencia de género no solo en las afectadas sino en su entorno y que lo realizan las Unidades de Valoración Forense Integral, formadas por un equipo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra aludió a la Memoria de la Fiscalía General del Estado para exigir a la Xunta que solucione la demora de 14 meses de media en dichos informes, que retrasan las sentencias en estos procesos judiciales. Según dicha memoria, la provincia es la más lenta de España en emisiones de estas valoraciones. Durante el año pasado, fueron un centenar de mujeres las que necesitaron esta evaluación integral, concretamente 67 del juzgado especializado de Vigo.
A este respecto, desde la Consellería de Xustiza se aseguró que los datos utilizados por la Fiscalía contienen un error en su computación, “dado que parten de la fecha de incoación de las diligencias penales y no de la solicitud de los informes al Imelga, por lo que los datos no son correctos”, incidiendo en que en estos momentos "nuestros registros no recogen ningún informe solicitado al Imelga con retraso mayor de siete meses desde la entrada de la solicitud en el Instituto". En concreto, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, apuntó que “hay una valoración inadecuada y que se pone en cuestión el enorme trabajo que realiza el personal del Imelga de manera injustificada”.
Asimismo, Xustiza asegura que el acumulado pendiente se gestionó en 2025, además de atender las solicitudes nuevas y que las estadísticas indican que ya se resolvió el 50% de ese acumulado, emitiéndose 110 informes definitivos de este ámbito hasta la fecha.
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