Veterinarios vigueses, ‘atados’ por la regulación de los antibióticos

Los veterinarios vigueses aseguran que están “atados de pies y manos” a la hora de tratar a los animales. Con la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 los especialistas han visto coartada su libertad de prescripción a la hora de recetar antibióticos y como su trabajo administrativo se multiplicó considerablemente al tener que notificar antibacteriano que recetan. Además, ahora ciertas situaciones harán que deban plantearse si el saltarse o no la nueva normativa.

Fernando Álvarez, de la clínica Peniche, afirma que la nueva ley pone en duda su criterio profesional. “Nos coartan la libertad de prescripción. Cuanto recetamos un antibiótico, ahora, tenemos que guiarnos por lo que dice el prospecto en cuanto a prescripciones y dosis. No podemos modificarlas. Que podamos prescribir un microbiano cuando creamos conveniente y en la dosis que consideramos según nuestro criterio, los últimos estudios (porque pueden tener otras aplicaciones) y pautas es necesario”, explica el doctor en animales. 

Además, con la normativa vigente ya no están habilitados para dispensar este tipo de tratamientos. Ahora deberán dispensarlo las farmacias, algo que a los especialistas no les convence. “Algo que no es grave podría empeorar por esto. Por ejemplo, a un gato tuve que recetarle un colirio específico y el dueño no lo encontró en farmacia hasta 7 días después. Normalmente, lo cambiarías, pero ahora tienes que justificarlo con una prueba que tarda 5 días y que encarece la consulta. Todo ese tiempo pone en riesgo la salud del animal”, expone Álvarez.

Jaime Riera, veterinario en la clínica Zaragoza, también se posiciona en contra del Real Decreto 666/2023. “No hay por donde cogerla. Ahora es una burocracia brutal cuando no tenemos tiempo. Notificar los antibióticos es hasta complicado porque debes poner hasta el más mínimo detalle, hasta el porcentaje del envase que vas a usar. Y si quieres cambiar de medicamento hay que justificarlo con una prueba que encarece mucho la consulta y ralentiza el proceso”, asegura.

“Es una normativa que compromete la salud animal. Estamos ante una chapuza. Tenemos que notificar cada vez que usamos antibióticos, sanciones por no cumplir esa notificación o por no respetar la cascada de antibióticos que podemos recetar en función de su disponibilidad. Hay antibióticos que ya no se pueden usar aunque sepas que va bien y es algo gravísimo porque la vida de una mascota puede depender de ello”, detalla Víctor Mora, especialista de animales en la clínica Cuatro Patas, quien asegura que los profesionales quieren que la ley priorice “el criterio y la evidencia científica sobre las fichas técnicas de los medicamentos, muchas veces desactualizadas.”

Otra actualización, en esta ocasión vinculada con la Ley de Bienestar Animal, es que los veterinarios no podrán darle medicación a animales de compañía sin microchip. “Si un animal está o no identificado no depende de nosotros, es como si llega una persona sin DNI al médico y no la quieren atender y se muere ahí. Si es un animal herido de la calle el responsable sería el ayuntamiento pero, ¿y si no lo es? Antes podíamos darle nosotros tratamiento, pero ahora ya no porque tiene que estar identificado”, explica Jaime Riera, quien cree que mucha gente que cuida de animales de forma caritativa dejará de hacerlo por todas las trabas y problemas originados a partir de la nueva ley.

Profesionales del área de Vigo también se han posicionado en contra. Es el caso de Mónica Castro, veterinaria en Axuvet, en Redondela. La médica animal asegura que estos problemas eran previsibles desde el año 2023, momento en que el Real Decreto entró en vigor para animales de explotación. “Yo sabía que esto iba a pasar. Durante este tiempo muchos veterinarios de explotaciones dejaron de trabajar por todos los problemas que surgieron. Si te llaman por una oveja enferma ¿qué vas a hacer? ¿Dejarla morir sin tratamiento por miedo a las sanciones? Ahora, con los animales de compañía seguramente pase lo mismo. Cada vez cerrarán más clínicas porque estamos más atados y no podemos darle a las mascotas la atención que merecen y las sanciones pueden llegar hasta 160.000 euros o incluso pueden acarrear inhabilitaciones. Eso hará que a los veterinarios dejen de tener consultorios. Esto llevará a que los animales estén menos controlados y, en el peor de los casos, a problemas de sanidad pública”, expone.