Usuarios de la AP-9 reclaman medidas al Gobierno tras el dictamen de Bruselas

La Asociación de Consumidores En-Colectivo ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que den explicaciones antes del próximo 26 de noviembre sobre las medidas previstas para revisar las prórrogas de las autopistas AP-9 y AP-66, cuestionadas por la Comisión Europea.

La entidad ha enviado una carta a ambos responsables del Ejecutivo en la que solicita una respuesta pública y documentada sobre las actuaciones desarrolladas desde que Bruselas emitió, el 17 de julio de 2025, un dictamen motivado en el que cuestionaba la legalidad de las ampliaciones de las concesiones de ambas vías.

La Comisión Europea consideró que las prórrogas constituían modificaciones sustanciales de los contratos que deberían haberse sometido a una licitación competitiva. Además, instó a España a corregir las infracciones detectadas y advirtió de la posibilidad de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Más de quince meses después de aquel pronunciamiento, EN-COLECTIVO quiere conocer qué medidas ha adoptado el Gobierno desde que remitió su respuesta a Bruselas, el 17 de septiembre de 2025, y qué calendario maneja para abordar la situación jurídica de las dos autopistas. La concesión de la AP-9 se extiende hasta 2048, mientras que la de la AP-66 llega hasta 2050.

Tres exigencias al Gobierno

La asociación concreta su petición en tres medidas. En primer lugar, reclama que el Ejecutivo impulse los procedimientos necesarios para revisar las prórrogas y, cuando corresponda legalmente, promover su anulación a través del Consejo de Ministros o de los organismos competentes.

En segundo término, solicita que el Gobierno facilite al Tribunal Supremo toda la documentación relevante que tenga en su poder, dentro de los cauces y límites establecidos por la legislación.

Esta petición cobra especial importancia después de que el alto tribunal solicitase a la Comisión Europea el dictamen motivado sobre la AP-9 para estudiar su incorporación a un procedimiento judicial relacionado con la revisión de la concesión. En-Colectivo quiere que se aclare qué documentación posee el Ejecutivo y qué pasos ha dado para colaborar con la Justicia.

La tercera exigencia pasa por hacer pública la respuesta remitida a Bruselas, las actuaciones realizadas desde entonces y el calendario previsto para resolver la situación de ambas autopistas.

Junto a la reclamación dirigida al Gobierno, En-Colectivo ha hecho un llamamiento a ciudadanos, empresas, autónomos, organizaciones empresariales, asociaciones, instituciones y representantes políticos de Galicia, Asturias y Castilla y León para que se sumen a sus demandas.

La iniciativa se canalizará a través de la Alianza del Noroeste AP-9 y AP-66, que habilitará un espacio en su página web para consultar la carta y formalizar adhesiones. La asociación prevé entregar al Ejecutivo las firmas y apoyos verificados como parte del seguimiento de la iniciativa.iales relacionados con las dos autopistas.