Comienza el proceso judicial para devolver peajes de la AP-9 cobrados durante las obras de Rande
La asociación En-Colectivo pide a la justicia que obligue a Audasa a identificar a los afectados para agilizar las devoluciones de los cobros entre 2015 y 2018
La Asociación de Consumidores En-Colectivo ha iniciado ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra la ejecución de una sentencia firme del Tribunal Supremo que declaró improcedente el cobro íntegro de peajes en determinados supuestos durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre los años 2015 y 2018.
El procedimiento busca activar la devolución de las cantidades abonadas por los usuarios afectados de la AP-9, tras años en los que se produjeron incidencias en la circulación como retenciones, desvíos y cortes de tráfico, mientras la concesionaria continuó aplicando el precio completo del peaje.
Primeros afectados y proceso abierto a nuevos usuarios
La demanda se presenta inicialmente con un primer grupo de usuarios que ya han solicitado su reconocimiento como beneficiarios. Sin embargo, el proceso queda abierto a la incorporación de más afectados que acrediten su situación conforme a los criterios fijados por el Tribunal Supremo, que identificó 81 incidencias concretas durante el periodo de obras.
Los interesados podrán sumarse al procedimiento a través de la web de la asociación, que prevé una tramitación progresiva para el reconocimiento individual y posterior cálculo de las cantidades a devolver.
Solicitud al juzgado para obtener datos de los usuarios
En-Colectivo ha solicitado además al juzgado que requiera a la concesionaria Audasa la entrega de la información necesaria para identificar a todos los usuarios afectados. El objetivo es acelerar el proceso de reclamación y facilitar la determinación de las cuantías correspondientes a cada caso.
El procedimiento se tramita conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que implica una primera fase de reconocimiento de afectados y una segunda de ejecución de las devoluciones, que incluirían también los intereses.
Según la asociación, el alcance del caso podría ser significativo debido al volumen de usuarios que transitaron por la AP-9 durante las obras de Rande. El presidente de EN-COLECTIVO, Diego Maraña, sostiene que se trata de reparar una situación en la que “se cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones”.
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