Los transportistas llevan al Supremo la anulación de la concesión de la AP-9

La federación gallega del transporte (Fegatramer) a iniciativa de la provincial Asentranpo ha decidido no esperar más tiempo y acudir ya a los tribunales para tratar de anular las prórrogas concedidas a Audasa, la que ya terminó -aprobada por González- y la vigente -de Aznar- hasta 2048. El proceso ya está en marcha por la vía administrativa, paso previo obligado antes de acudir al Tribunal Supremo, al tratarse sendos actos avalados por el Gobierno en Consejo de Ministros. Estiman que supondrá entre dos y tres años, pero en todo caso mucho menos que esperar un acuerdo vía UE, tras la decisión del Ejecutivo de Sánchez de dilatar la resolución del caso ante la Comisión Europea.

Fegatramer acordó encomendar a sus abogados ejercitar ante el Tribunal Supremo las acciones que procedan para solicitar la declaración de nulidad de las prórrogas de esta concesión concedidas por el Estado y en consecuencia del cobro de peajes por parte de Audasa. Esta concesión ha sufrido dos ampliaciones del plazo concesional: una primera de 10 años, desde el año 2013 y una segunda de 25 años hasta 2048. Entienden los transportistas que las dos ampliaciones han sido en beneficio de la Administración y en perjuicio de los usuarios.

La primera de las ampliaciones se otorgó en 1994, en que Audasa era una sociedad estatal. Fue, fundamentalmente, para compensar a Audasa de los retrasos en los que había incurrido en el cumplimiento de los plazos de puesta en servicio de los distintos tramos de la autopista. Es decir, en lugar de penalizar dichos retrasos en el cumplimiento de los plazos contractuales, se le compensó ampliando el periodo de explotación durante 10 años más. Señalan los transportistas que al ser una sociedad estatal, se trató de un beneficio para la Administración y un grave perjuicio para los usuarios, que continuaron pagando peajes desde 2013 hasta 2023.

La segunda extensión del plazo concesional fue una “barbaridad cometida por el Gobierno", apuntan, por la que la Administración prorrogó el contrato con Audasa durante 25 años más. “La finalidad teórica, a efectos legales, fue compensar a la sociedad concesionaria, que en aquel momento era de capital estatal, por la construcción del tramo de acceso norte a Ferrol, la gratuidad de los desplazamientos internos en el tramo Rande-Puxeiros y la aplicación de un nuevo sistema tarifario. La parte más importante de la realidad es que con esta ampliación de 25 años, la Administración infló el valor de la autopista y la vendió por unos mil millones de euros, que los volcó sobre las espaldas de los usuarios”, sostienen en su reclamación.

Añaden que el consorcio de sociedades adquirente de las acciones de la autopista (hoy propiedad de un fondo holandés y otro suizo), tenía que rentabilizar desde 2003 esa inversión de 1.000 millones y amortizar los 963 millones que tenía pendientes por la construcción de la autopista. La suma de ambas cantidades (1.963 millones) hasta 2023, exigiría una cantidad anual de 98 millones, imposible de alcanzar, teniendo en cuenta que la cifra de negocio a 31 de diciembre de 2002 fue de 92 millones. “Se trataría de una inversión ruinosa, pero apetitosa con la ampliación de la concesión durante 25 años”, indican los transportistas.

"Es un fraude de ley"

Los transportistas, a través de su equipo legal, entienden que estas dos ampliaciones del plazo concesional otorgadas por dos gobiernos distintos vulneraron el Derecho europeo y, al menos la segunda, constituyó un fraude de ley, “porque una concesión administrativa no tiene como finalidad procurar un negocio a la Administración, sino satisfacer el interés público, que es todo lo contrario a lo que ha hecho la Administración: un negocio de Estado por el que se hizo con mil millones de euros”, sostienen. En todo caso, los transportistas entienden que no cabe esperar más: “Hemos decidido no seguir esperando a ver qué pasa demorando esta acción sine die, y acudir directamente a los Tribunales españoles, que son los que tienen competencia directa para anular estas prórrogas, sin esperar a lo que pueda decidir la Comisión Europea que, en todo caso, tiene que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que la decisión sea eficaz. La Comisión inició este asunto en 2019, hace 6 años”.

"La prórroga es nula, los peajes una estafa del Gobierno"

El escrito de los transportistas hace una recopilación del proceso, haciendo hincapié en que Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión. España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE. En virtud de la Directiva 93/37/CEE y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación. “España, disponía de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Como no lo ha hecho, la Comisión podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, indican los transportistas, que consideran que el Gobierno “nos toma por tontos" cuando dice que ha ahorrado 375 millones desde 2018 “cuando en realidad los pagamos vía impuestos”. En estas condiciones, “entendemos que la prórroga es nula y los peajes, una estafa del Gobierno y de la concesionaria a todos los transportistas de Galicia y, en general, a toda la sociedad gallega. Nos vienen sangrando y no podemos demorarlo más. Este pleito no es gratis, tiene un coste económico importante para nosotros, pero para esto servimos las associaciones, porque unidos somos más fuertes", sentencian.