El Gobierno dilata el rescate de la AP-9 tras responder “in extremis” a la UE

El Gobierno respondió in extremis -el último día del segundo plazo extendido- al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública, en concreto al aprobarse la ampliación de la concesión a Audasa sin concurrir competencia. La contestación, que no incluye el contenido, supone dilatar durante más tiempo la resolución del fondo del asunto y el rescate de la autopista, evitando que la Comisión Europea acuda al Tribunal de Justicia de la UE. Además, el Ejecutivo admite de forma expresa que el peaje y la prórroga son perjudiciales, pero sin embargo no va a dar pasos para el rescate, sino al contrario, a alargar la situación.

Todo ello después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse, los servicios comunitarios podrían elevar al TJUE. Pero este miércoles hubo respuesta.

El Ejecutivo central informó de que había remitido una respuesta "amplia" del último dictamen de Bruselas, "en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificada a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España". "Esta fase no supone todavía el final del procedimiento. Analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta", añaden desde el Ministerio de Transportes en unas escuetas declaraciones enviadas a los medios de comunicación, donde no se recoge la respuesta enviada a Bruselas. Es decir, no se sabe cuáles son las alegaciones del Ejecutivo sobre el asunto de fondo.

Además, el Gobierno actual aprovechó la respuesta para cargar contra el PP, insistiendo en que la prórroga de la concesión de la autopista hasta 20248 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. "Le corresponde al PP explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos", apuntan. Con todo, Bruselas había advertido que la anterior prórroga, firmada por el gabinete de Felipe González, también incurría en nulidad por vulnerar las normas de competencia. "Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria, desde el Ministerio (de Transportes) se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común, como también hemos hecho en esta ocasión", subrayaron desde el Ejecutivo, destacando las bonificaciones de peajes.

Unanimidad en Galicia a favor de terminar con la tasa por circular en la autopista

Galicia mantiene una extraordinaria unidad con respecto a la AP-9, y todavía la pasada semana el Parlamento gallego aprobaba la enésima resolución instando al Gobierno al rescate de la autopista y el traspaso de la gestión a la Xunta. Incluso dirigentes del PSdeG se mostraron a favor, como el secretario José Ramón Gómez Besteiro y en el plano local, el alcalde Abel Caballero también pidió el fin del peaje, aunque en su caso reclamó priorizar el tramo hasta Pontevedra. Este miércoles, el gobierno local pontevedrés, del BNG, también reclamó acabar con la concesión y el rescate de la AP-9 para su gestión por la Administración gallega como una vía sin peaje.

La unanimidad política al nivel autonómico y local se traslada asimismo al ámbito empresarial, con todas las patronales en la misma sintonía, como también los transportistas gallegos, que este miércoles señalaron que la prioridad es clara: liberalizar completamente la autopista, eliminar los peajes, tampoco abogan por el rescate de la concesión, ya que está "más que amortizada" y apuestan porque la gestión de esta infraestructura pase a manos de la Xunta. "No es razonable que sigamos pagando una autopista más que amortizada. Esta infraestructura debería estar ya en manos gallegas", afirmaron. Antes, la Confederación provincial Empresarial (CEP) instó a poner fin a la discriminación que sufre Galicia por las condiciones actuales de gestión de la AP-9, cuya concesión hasta 2048 implica un perjuicio grave a la competitividad de las empresas gallegas, con peajes que suben cada año.

El empresariado provincial reafirma el sinsentido de que Galicia continúe pagando de las tarifas viarias más caras del territorio nacional, con una concesión que está previsto que se prolongue, en total, durante 75 años. “La AP-9 conecta las cinco principales ciudades de Galicia y vertebra nuestra economía. Su trazado da servicio al 60% de los gallegos, esperamos que definitivamente se anule la prórroga de concesión hasta 2048”, afirmaron.