Teléfonos y energía copan las reclamaciones ante Consumo

Decenas de personas de Vigo y de otras localidades se vieron afectadas el año pasado por el cierre de clínicas de depilación, con tratamientos que se interrumpieron y con personas atrapadas en créditos de hasta mil euros que habían contraído con el banco para pagar estos servicios. Fue uno de los casos más llamativos el año pasado en el Instituto Galego de Consumo y de la Competencia, donde aún siguen tramitando las reclamaciones de los usuarios y esperan que se resuelvan con éxito.

“Lo fundamental a la hora de reclamar es aportar toda la documentación. En una sociedad tan avanzada, la gente se sigue fiando de los establecimientos, no tienen contrato ni justificantes de pago”, explica el jefe de Consumo en la provincia, Alfonso Diéguez.

Este organismo atendió el año pasado 3.708 consultas y 4.305 reclamaciones. Para las consultas existe un teléfono gratuito, el 900 231 123.

Los sectores que generan más quejas son la telefonía y la energía, por temas relacionados con la facturación, porque no se modifican las condiciones contratadas a veces de forma verbal, entre otros problemas. Los usuarios tienen dificultades para resolver su caso en el teléfono de estas empresas, que suelen remitir a un call center. Los expertos recomiendan acudir presencialmente a un establecimiento y que quede constancia de lo que piden. Hay también reclamaciones relacionadas con talleres y con compras a distancia. 

Si todo falla está la reclamación ante este organismo de la Xunta y las empresas lo respetan. Una de sus herramientas es la mediación con la empresa y en su caso el Sistema Arbitral de Consumo cuando consumidor y empresa lo aceptan voluntariamente. Es como un juicio pero en el ámbito administrativo y el laudo que emite tiene carácter vinculante y ejecutivo (no se puede impugnar). La mayoría de los casos relacionados con empresas de energía y de telefonía se resuelven por esta vía y en el 75% de los casos son favorables al consumidor. En la sala de Vigo celebran vistas todas las semanas, que pueden ser unipersonales (con un funcionario licenciado en Derecho) o colegiadas (se suman también un representante de una asociación de empresarios y de una asociación de consumidores).

El Instituto Galego de Consumo también impone sanciones a empresas que no responden, que pueden ir desde los 3.434 euros de las infracciones graves hasta los 40.001 euros en casos graves, como por ejemplo no cumplir con la garantía de un móvil.

Otra de sus funciones son las inspecciones que realizan para comprobar la seguridad de los juguetes, el etiquetado de alimentos y muchas otras cuestiones. El organismo dispone de un laboratorio de análisis de productos en A Coruña y desde allí salen alertas para proceder a la retirada en todo el territorio nacional. En Vigo se habían detectado por poner un ejemplo bolsas de agua (para calentar la cama) en establecimientos de origen asiático que eran defectuosas.

Diéguez: “No hay que fiarse, ni contratar por teléfono"

El jefe de Consumo, Alfonso Díeguez, imparte charlas de formación a los consumidores de forma periódica, que se pueden solicitar a través de la Escola Galega de Consumo. Centros educativos y asociaciones recibieron estas charlas. Como norma general, dice que antes de contratar nada hay que informarse y en segundo lugar propone “no fiarse nunca, ni contratar nada por teléfono”. De estas contrataciones telefónicas no suele quedar constancia. En su oficina han visto muchos engaños principalmente a personas mayores vulnerables. Pero a cualquiera le puede pasar. Otro error común es buscar un cerrajero en Google que luego le cobra 500 o 1.000 euros, porque a lo mejor es un profesional que está en Andalucía (son empresas que pagan por aparecer de primeras). El consejo es tener en la agenda un teléfono de un cerrajero de urgencias o buscar en Google cerrajerías en Vigo con direcciones reconocibles.