“Sabían que esas embarcaciones se consideraban prohibidas”

Después de meses de retrasos, el juicio a 11 acusados –y una empresa– por su implicación en la construcción y traslado de ‘narcolanchas’ desde Vigo y el Norte de Portugal dio comienzo ayer en la macrosala de la Cidade da Xustiza. Lo hizo con la declaración del agente de la Guardia Civil que instruyó la investigación. Este mismo situó en la “cúspide” de la organización a dos hombres con domicilio en Cataluña: Ramón S.V. y Sergio R.T.

En el banquillo de la sede en Vigo de la Audiencia Provincial se sientan 11 personas por, supuestamente, construir en naves de Vigo y el norte de Portugal embarcaciones rápidas destinadas al narcotráfico, que eran posteriormente trasladadas para ultimar sus preparativos a diferentes puntos de España. Los investigadores siguieron la pista a casi una veintena de estas, algunas de las cuales acabaron intervenidas en operativos policiales contra el tráfico de hachís en el sur de la Península.

El instructor de las diligencias de la Guardia Civil declaró ayer ante el tribunal que los procesados eran “conscientes” de que estaban construyendo y vendiendo embarcaciones consideradas prohibidas, y que se destinaban al tráfico de estupefacientes. Prueba de ello, explicó, era que “sabían que no podía transportarlas cualquier camionero”.

Al respecto, además de estas precauciones sobre los conductores que hacían el transporte de las lanchas, este testigo explicó también que la organización adoptaba medidas de seguridad para eludir la vigilancia policial y no llamar la atención, como mantener durante semanas las lanchas en dependencias de las empresas de transportes con las que colaboraban.

El testigo explicó que la trama funcionaba como una organización en la que dos de los acusados, afincados en Cataluña, Ramón S.V. y Sergio R.T., eran los que estaban al mando, daban las directrices para la construcción y transporte de las lanchas y tenían los contactos con los destinatarios finales de las embarcaciones.

Las defensas cuestionan el balizamiento de las lanchas

Durante la declaración del Guardia Civil instructor de las diligencias, los abogados defensores insistieron en cuestionar la medida de balizamiento de las supuestas ‘narcolanchas’, ya que entienden que la Guardia Civil solicitó autorización para colocar aparatos de seguimiento en unas embarcaciones rápidas, cuando realmente sólo eran “cascos” de lanchas que “no estaban motorizadas” y no tenían ni flotadores ni nada que pudiera hacer pensar que eran un género ilícito.

Cuestionado sobre estas dudas, el instructor de la investigación policial reiteró que la concepción de una embarcación como “género prohibido” abarca “cualquier estadio de su fabricación”. Así, señaló que las lanchas investigadas cumplían los requisitos para ser consideradas ilegales por su eslora, por la disposición del potro central (para colocar asientos en línea) o por el espacio del espejo de popa, preparado para la instalación de varios motores fueraborda. “El uso de este tipo de embarcaciones, con esta estructura, no es otro que el tráfico de drogas”, proclamó.

También reconoció que sin ese balizamiento, habría sido “imposible” seguir los desplazamientos de las embarcaciones sospechosas y desarrollar la investigación policial.

Delitos y penas

La Fiscalía pide para los 11 acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión y el pago de multas que suman en total 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 13 millones de euros y 2 años de prohibición de obtener ayudas públicas. Les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido y a uno de ellos, también de tenecia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron 300 gramos de hachís y en el despacho de la empresa de transportes, una pistola semiautomática.

La macrosala de los auriculares

Abogados y fiscales de Vigo ya tienen un nuevo compañero predilecto cada vez que les toca un juicio en la macrosala de la Cidade da Xustiza: los auriculares. La pésima acústica de las instalaciones –es prácticamente imposible escuchar a jueces y letrados desde más allá de dos metros debido a la elevada reverberación del sonido– obliga cada vez más a los letrados a echar mano de esta solución. Los auriculares no sólo ayudan a mitigar la reverberación, sino que al poder enchufarlos al sistema de sonido de la sala, pueden escuchar directamente lo que dicen sus compañeros al micrófono. En la sesión de ayer, el Fiscal y casi todos los abogados defensores llevaban auriculares y uno incluso tuvo que pedir unos para enterarse de lo que se decía.