Rueda: “La AP-9 debe ser libre y gratuita cuanto antes”

El presidente gallego, Alfonso Rueda, mantuvo su conocida posición de que la AP-9 debe ser "libre y gratuita lo antes posible" y en que el Gobierno debería "estar a la altura", dijo durante una visita a O Grove, donde anunció la ampliación de la autovía del Salnés. Rueda reivindicó el esfuerzo que realiza la Xunta "en materia de infraestructuras viarias, carreteras y construcción de autovías" y ha hecho hincapié en que queda una cuestión pendiente fundamental sobre la AP-9.

"En este momento en el que se está decidiendo que pasa con la vía más importante de Galicia, espero que el Gobierno central, que es también el Gobierno de todos los gallegos y gallegas, esté a la altura y la AP-9 sea libre y gratuita lo antes posible. Espero que haga lo correcto", remarcó.

Más tarde, la Xunta emitió un comunicado donde lamenta la respuesta del Gobierno al dictamen de la Comisión Europea que declaraba la irregularidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9, “con la que vuelve a castigar a los gallegos, a los que condena a seguir pagando un peaje injusto por esta autopista”.

El Gobierno gallego criticó la falta de valentía del Gobierno y lamenta que no se aproveche la oportunidad para rescatar la AP-9 y liberar el peaje, al tratarse de la principal vía que vertebra la comunidad y ser la alternativa más ventajosa para el interés público. La Xunta elaboró un nuevo estudio en el que eleva a 2.356 millones el actual coste del rescate, que se ha incrementado desde los 2.331 en los que el Gobierno gallego había evaluado esta medida en el 2024. En este sentido, la Xunta considera que cuanto más tarde se produzca este rescate, será mayor el perjuicio para los contribuyentes y usuarios de la autopista. La Xunta también lleva 16 años reclamando la transferencia de la AP-9 junto con los medios y servicios necesarios para su gestión, de forma que cumpla mejor su función de vertebración de la Galicia atlántica.

Pontón

También Ana Pontón (BNG), demandó al Gobierno "poner por delante los intereses de los gallegos y gallegas" y proceder a anular la concesión. "Sale más barato que seguir pagando las bonificaciones", sentenció. "Ya está bien de que unos gobiernos y otros, tanto del PP como del PSOE, le tomen el pelo a los gallegos, llegó el momento de acabar con unos peajes que son una injusticia y una ilegalidad", dijo. También pidió al Gobierno "aprovechar la oportunidad que nos brindan las instituciones europeas para poner fin a una concesión que es ilegal y que no tenemos que seguir pagando, es la medida más justa y más económica".

Un fondo holandés y otra firma suiza

Precisamente este mismo mes se hizo oficial que la autopista AP-9 que vertebra Galicia ya es oficialmente propiedad de una aseguradora suiza y de un fondo de pensiones de Países Bajos, tras el visto bueno de Bruselas. Ambas firmas ya se habían hecho con la titularidad de Audasa, pero faltaba el visto bueno definitivo que tenía que llegar desde Bruselas. Y este llegó hace unos días. En concreto, la Comisión Europea aprobó, en virtud del reglamento de concentraciones de la UE, la adquisición del control conjunto de Itínere Infraestructuras, propietaria de Audasa, a su vez la empresa que formalmente gestiona la AP-9, por Swiss Life, aseguradora suiza, y APG Asset Management, fondo de pensiones de los Países Bajos. La operación se refiere principalmente a la gestión y explotación de concesiones de peajes, según explicó la CE en un comunicado.

La Comisión Europea, según publicó este diario, llegó a la conclusión de que la operación notificada no plantearía problemas de competencia, dado que las empresas no operan en los mismos mercados o en mercados relacionados verticalmente, dando vía libre definitiva a una operación millonaria con consecuencias directas sobre Galicia. Swiss Life es un proveedor de soluciones globales de vida, pensiones y financieras para empresas y particulares. Por su parte, APG presta servicios de asesoría ejecutiva, gestión de activos, pensiones y comunicación, siendo un fondo que realiza inversiones en otras compañías donde puede conseguir beneficios, como es el caso de Audasa gracias a la concesión en vigor hasta dentro de 23 años, salvo rescate.