La reducción de la jornada laboral se dejará sentir en Vigo en bares, hoteles y comercio

La futura implantación de la reducción de la jornada laboral hasta 37,5 horas a la semana (sin que se reduzca el salario) divide a patronales y sindicatos en Vigo. Los empresarios la ven una medida daniña que dejará un incremento de costes en actividades como la hostelería y el comercio. Los representantes de los trabajadores creen que será beneficiosa y que mejorará la productividad y la conciliación. 

Ambas partes se muestran prudentes ante lo que, a día de hoy, es un anteproyecto de ley que todavía tiene por delante un largo camino hasta su aprobación definitiva y su entrada en vigor. “Se están dando por hecho muchas cosas, pero lo cierto es que aún no se sabe cómo va a quedar esto, si saldrá adelante y si será en los términos acordados”, indica Fabián Valero, abogado laboralista vigués, socio del despacho Zeres. “Si se implanta, el alcance será grande y habrá que analizar convenio por convenio porque no todos son iguales", explica y hace referencia al de oficinas y despachos de la provincia de Pontevedra, que ya la está aplicando porque recoge 39 horas semanales, pero son de 35 en los cuatro meses de verano. “Recordemos que hablamos de una reducción de jornada en cómputo anual”. “A nivel de negociación colectiva va a afectar”. 

Desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) recuerdan que se trata de “un pacto unilateral por parte del Gobierno y los sindicatos sin contar con las aportaciones realizadas por las patronales durante 11 meses”. “Es un debate claramente ficticio, la jornada media pactada en convenios es de 38 horas y muchos por debajo de 37”, indica el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, que critica que “no se especifica cómo van a poder adaptarse las empresas, especialmente las de menor tamaño”. “Estamos totalmente en contra de estas medidas que van en contra de la flexibilidad laboral y de la necesaria gestión empresarial y, sobre todo, sin acuerdo unánime”, zanja.

La Federación Provincial de Turismo y Hostelería (Feprotur) también se muestra muy crítico con este anteproyecto de ley y considera que es “uno de los más perniciosos para nuestro sector”. “Va a generar muchos problemas, no se puede contratar a alguien por trabajar una o dos horas y compensar esa reducción de la jornada”, argumenta César Ballesteros, que considera que “en los hoteles va a ser bastante más complicado organizar turnos”. “Le vemos una difícil aplicación en algunos puestos, no vemos bien una normativa a granel para todos, tendría que ser algo más estudiado y definido por tipologías en sectores como el nuestro". 

El comercio es otra de las actividades más impactadas por esta medida, que supondrá “tener que hacer reajustes para sufragar el gasto que conllevará”. “Generar más costes no es algo bueno, pero la ley es la ley y habrá que cumplirla”, indica Roberto Giráldez, presidente de la federación Vigo Comercio, que recuerda que “somos un sector en el que más del 80% son autónomos que, salvo rara excepción, no tienen empleados”. “Habrá que ver la letra pequeña de la normativa, a priori entendemos que no debería suponer un gran impacto”. 

Desde la parte sindical, UGT Vigo considera que la reducción de la jornada laboral “no va a afectar de manera negativa al empleo y que las empresas no van a dejar de ser productivas, al contrario". “Se mata la verdad cuando las patronales dicen que van a tener pérdidas, también se dijo en el año 1983 y fue al contrario", defiende Ernesto Fontanes, secretario general del sindicato en la comarca.

“Ya tocaba, es una iniciativa más que necesaria que va a contribuir a la mejora de las condiciones laborales en los sectores más precarios, donde además la mayor parte de las plantillas están formadas por mujeres”, contempla Maica Bouza, responsable de empleo de CC OO en Galicia. “Va a ser más sencillo de lo que parece, pese a las voces que están alarmando y el tiempo de trabajo será más efectivo", sostiene.

La CIG, por su parte, la ve “una medida absolutamente insuficiente y de efectos insignificantes en su aplicación práctica” y defiende que “para combatir la precariedad laboral debería reducirse hasta como mínimo 35 horas semanales, en el camino de ir aplicando la jornada semanal de cuatro días", señala Alberte Gonçalves. La central nacionalista critica que “en este momento ya se está produciendo un masivo incumplimiento con la imposición de las horas extra que no se remuneran”. 

Desde la asociación de autónomos UPTA ven con buenos ojos este anteproyecto de ley: “No va a tener un efecto perjudicial para el 20% de autónomos de Galicia y más de 1.500 en Vigo que tienen trabajadores a cargo porque los propios autónomos somos los primeros en cumplir de manera rigurosa con los convenios”, argumenta Eduardo Abad, presidente del colectivo. “Saludamos la reducción de la jornada porque va a permitir tener trabajadores más motivados y ellos son el alma máter de nuestros negocios”. 

A partir del 1 de enero de 2026

El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin que se reduzca el salario, así como establecer un registro de jornada digital y el derecho a la desconexión digital. Debe iniciar ahora el trámite parlamentario para su aprobación y sería de plena aplicación a partir del 1 de enero de 2026. Beneficiará a más de 12 millones de trabajadores en España y a algo más de 100.000 en Galicia si se extrapolan las cifras del mercado laboral.