Rechazo total al rotundo “no” del Gobierno a rescatar la autopista AP-9

El nuevo “no” del Gobierno, más contundente que en otras ocasiones, a rescatar la AP-9 o liberar del peaje la autopista, no ha cogido por sorpresa a Diego Maraña, el presidente de la asociación de usuarios En Colectivo, la entidad cívica que denunció con éxito ante la Comisión Europea en Bruselas las dos prórrogas concedidas a Audasa sobre la AP-9, ya advirtió de que “será este año o ya no será” el final del peaje en la autopista gallega. “La clave es que el Gobierno asuma la anulación de la prórroga, como indica la Comisión Europea, por vulnerar la competencia”, señala Maraña. Recuerda que es el camino más corto y que llevaría a indemnizaciones menores. “El Gobierno va a pagar millones durante años en bonificaciones, que se ahorraría asumiendo lo que pide Bruselas en sus cartas de emplazamiento”, añade Diego Maraña, que reconoce que no es ni lejanamente optimista. “Esto no pasaría en Cataluña ni en el País Vasco, está claro que el Gobierno maltrata a Galicia”, observa.

Alfonso Rueda también habló sobre este asunto en el Parlamento, ironizando con el secretario del PSdeG, Gómez Besteiro. "Nos hablaban -en el congreso del PSdeG- el fin de semana de la gratuidad de los peajes. Y ayer, anulada completamente cualquier posibilidad de gratuidad en los peajes. Enhorabuena, señor Besteiro, enhorabuena". El PSdeG, en el documento marco de su congreso, apostaba, además, por priorizar el rescate -es decir, que sea pública y gratuita ya- al traspaso de esta vía estratégica para la comunidad. La AP-9 se mantiene hasta 2048 como concesión de Audasa, propiedad de dos fondos de inversión, uno suizo y otro holandés.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, defendió la decisión y el "esfuerzo" del Ejecutivo por hacer el coste de la AP-9 lo más "liviano posible", que es lo que, a su entender, "realmente interesa a los usuarios". "Ya está bien de darle vueltas a lo mismo", dijo en referencia a la transferencia de la vía que este pasado martes volvió a ser prorrogada en el Congreso al bloquearla el Ejecutivo. Una reclamación unánime del Parlamento gallego.

"Lo que nos interesa a los usuarios es que nos cueste poco dinero y el Gobierno de España está poniendo todo el esfuerzo posible en hacerlo lo más liviano posible, tirando hacia la gratuidad", dijo, tras invertir 200 millones de euros "para ahorrarles a los gallegos el coste de la autopista". "Lo que había que discutir", continuó el delegado, es si la transferencia de la vía supone la gratuidad de la misma, “algo que la Xunta no ha confirmado".