El Gobierno da un “no” rotundo al rescate de la AP-9 y eliminar el peaje en la autopista
Rechaza en el Congreso la propuesta del PP sobre la autopista por el ‘altísimo volumen de gasto que conllevaría’
Nuevo “no” del Gobierno, y en esta ocasión más rotundo, al rescate de la autopista del Atlántico AP-9, descartando incluso eliminar el peaje en alguno de sus tramos, en concreto en el entorno de Vigo, entre Puxeiros y Porriño, el menos utilizado y que podría servir para reducir la presión sobre la peligrosa y saturada A-55. La secretaria general de Transportes Terrestres, Marta Serrano, mantuvo ayer que "no es viable" el rescate de la AP-9, como le reclamó el PP en el Congreso, por el "altísimo volumen de gastos que ello conllevaría", advirtiendo de que no son asumibles ahora mismo por el Estado porque "tendría unos efectos lesivos muy importantes". No especificó cuál sería la cifra, que Transportes eleva a 6.000 millones, en tanto la Xunta la reduce en torno a 2.350 millones de euros.
La posición expuesta por la secretaria general del Ministerio de Transportes es un rotundo “no” y así lo expresó durante una comisión en el Congreso al ser preguntada por el PP por un eventual rescate de la autopista del Atlántico. En este contexto, Serrano culpó al Gobierno del PP de prolongar la concesión. Desde Transportes, defienden que la situación actual de la autopista AP-9 se debe a "una serie de decisiones adoptadas por un gobierno del Partido Popular", siendo una prórroga de la concesión en el año 2000 por 25 años, así como la venta de dichas concesiones en el 2003.
"La AP-9 es la autopista con mayor duración que tenemos ahora mismo en España, con un contrato concesional con una duración total de 75 años y unas tarifas establecidas, establecidas por ustedes también", sentenció Marta Serrano en la comisión. Esta prórroga y la anterior, aprobada por el Gobierno de Felipe González y que ya ha terminado, fueron consideradas por la Comisión Europea como contrarias a las normas sobre competencia, abriendo un período para que el Estado español pudiera exponer sus argumentos. Este proceso continúa abierto, a la espera de que el asunto se zanje. Mientras tanto, el Gobierno mantiene que supondría un gasto enorme rescatar la AP-9, que ahora está en manos de dos fondos, uno holandés, APG, y otro suizo, Swiss Life. Los usuarios tendrán que seguir pagando mientras tanto, hasta 2048, los peajes más elevados de España.
Los populares, por su parte, acusaron al Gobierno de bloquear en el Congreso la tramitación de la iniciativa para que esta AP-9 sea transferida a la Xunta, que en la actual legislatura acumula 22 prórrogas y otrs 16 en el anterior período. Delgado acusó al Gobierno de "boicot" frente a la transferencia de la autopista AP-9. "Ya son 38 prórrogas desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno", señaló el diputado durante la comisión.
El pasado miércoles, una demanda unánime en torno a la AP-9 salió desde el Parlamento de Galicia, pidiendo el `fin del bloqueo` del Congreso hacia el cambio de titularidad de la autopista en favor de la Xunta. El texto se centra en una demanda de exploración de vías jurídicas por parte del Gobierno para la anulación de la prórroga y para evaluar los costes económicos que tendría para el estado la asunción de la cesión directa. Dicha reclamación venía firmada por PP, PSdeG-PSOE y BNG.
“En Galicia, el Ejecutivo ni siquiera elimina el peaje entre Vigo y Porriño”, dice el PP
El PPdeG exige al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla el mandato parlamentario de analizar los costes y los aspectos jurídicos vinculados a un posible rescate de la concesión de la AP-9. Una situación a la que hay que añadir la promesa realizada este último fin de semana por Xosé Ramón Gómez Besteiro en el Congreso del PSdeG en alusión a la AP-9, asegurando que “llegaremos a la liberación de los peajes”. Esta promesa supone, en opinión de los populares, “más palabras vacías y mentiras como las pronunciadas por el mismo Besteiro en campaña electoral cuando dijo, supuestamente con el aval de Pedro Sánchez, que con él la autopista sería gratuita”.
“Mientras a Galicia se le boicotea la transferencia y la liberación de los peajes, otras comunidades autónomas reciben un trato diferenciado”, alegó Delgado poniendo como ejemplo el reciente acuerdo para prorrogar la gratuidad de la AP-7 en Alicante y los trabajos para liberarla definitivamente de peajes cuando, en cambio, el Gobierno “no accede ni a eliminar el pago del peaje del tramo Vigo-O Porriño de la AP-9”.
Para cumplir la reclamación unánime del Parlamento de Galicia sobre la transferencia de la titularidad y la gratuidad de la AP-9, el diputado gallego señaló que “es necesario dar pasos” como la consideración de los costes que está soportando el Estado para financiar las actuales bonificaciones y peajes en la sombra. “Este es un momento muy propicio para analizar los costes y los aspectos jurídicos de un rescate de la concesión de la AP-9”, subrayó. “El primer escenario era lo de la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Comunidad Autónoma y, según este estudio, tendría un valor de 526 millones de euros adicional a las bonificaciones vigentes. Un segundo escenario evaluaba el rescate y, en consecuencia, la gratuidad; cuyo coste podría llegar a los 2.355 millones de euros”, explicó urgiendo al Ejecutivo central a elaborar su propio estudio teniendo en cuenta el ya entregado por la Xunta.
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