El PSOE reclama en el pleno un acuerdo entre administraciones para atraer vuelos a Peinador

El pleno municipal aprobó ayer una moción presentada por el grupo socialista para reclamar la financiación de vuelos en el aeropuerto de Peinador mediante un convenio a tres bandas entre el Concello, la Xunta y la Diputación. La iniciativa salió adelante con los votos del PSOE, mientras que PP y BNG votaron en contra. Se aprobó así la propuesta que ya planteó el alcalde Abel Caballero en las últimas semanas, aunque fue rechazada por la Xunta.

Durante el debate, el concejal socialista Carlos Font defendió la necesidad de un acuerdo institucional que permita reforzar la actividad del aeropuerto. “Si hubiera acuerdo y apoyo económico estaríamos ante lo que es y debe ser, el gran aeropuerto de Galicia”, afirmó. Desde el PP, Luisa Sánchez criticó la propuesta afirmando que el gobierno local no trasladó ninguna iniciativa concreta a la Xunta ni a la Diputación. En su intervención, acusó al PSOE de “buscar solo el ruido político”, pero añadió que “la Diputación liderará una solución e irá al rescate del aeropuerto si Aena y el señor Caballero abandonan Peinador”.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, cuestionó el modelo de subvenciones a aerolíneas, que calificó de “fracasado” y aseguró que “somete a las administraciones al eterno chantaje de las aerolíneas”.

Tras el pleno, el alcalde Abel Caballero criticó el voto en contra de la oposición a esta moción. Según el regidor, “ni la Diputación ni la Xunta quieren cooperar con el aeropuerto”.

A lo largo de la sesión, el grupo socialista hizo valer su mayoría absoluta para aprobar varias mociones adicionales. Entre ellas, una para reclamar la presentación de un plan de actuación para el servicio de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro tras su “colapso continuado”, según la concejala Elena Espinosa, y una relativa al aparcamiento del propio centro hospitalario para reclamar su gratuidad. Los socialistas también aprobaron otra moción para instar a la Xunta a adoptar medidas en materia de teleasistencia para ofrecer el servicio de forma gratuita y una última para pedir a la Consellería de Educación la realización de un estudio sobre el estado de todas las cubiertas de los centros educativos públicos de Vigo.

El gobierno rechaza debatir sobre la edil de Seguridad

El grupo de gobierno rechazó debatir en el pleno dos mociones de urgencia presentadas por el PP y el BNG en las que se solicitaba el cese de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, que fue citada a declarar como investigada en el marco de la causa abierta por el accidente mortal del `Saltamontes` en las fiestas de la parroquia de Matamá, ocurrido en agosto de 2024.

En concreto, los socialistas rechazaron la urgencia de estas mociones planteadas a última hora por la oposición, asegurando el portavoz, Carlos López Font, que “no existe ninguna urgencia” porque al comienzo del pleno Rodríguez “no tenía comunicación oficial” de esa imputación.

Por su parte, tanto populares como nacionalistas cargaron contra el gobierno local y contra Patricia Rodríguez, apuntando Luisa Sánchez a la “extrema gravedad” de la situación, enmarcándola en el accidente mortal de Matamá, lamentando que se pretenda “no dar explicaciones ni asumir responsabilidades”. Desde el BNG, Xabier Igrexas lamentó que el gobierno local lleve más de 500 días “sin dar explicaciones”.

El Concello paga a proveedores en 5,8 días

En el pleno también se dio cuenta del informe trimestral de tesorería correspondiente al último trimestre del año, presentado por el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros. Según expuso, entre octubre y diciembre se realizaron 2.605 pagos a proveedores con cargo a los capítulos 2 y 6 del presupuesto, por un importe total de 71,9 millones de euros, dentro de un volumen anual superior a los 201 millones en esos capítulos. El periodo medio de pago se situó en 5,8 días, un plazo que, según Aneiros, permite abonar las facturas en torno a una semana tras la verificación del servicio, evitando tensiones de tesorería en las empresas.

Desde el PP, Patricia García afirmó que el problema del Concello no es de liquidez, sino de gestión, señalando que las facturas abonadas fuera de plazo lo son por retrasos en la tramitación, no por falta de fondos. A su juicio, esta dinámica refleja una ejecución tardía y acumulada del gasto, lo que explicaría los remanentes elevados y el retraso de inversiones. Desde el BNG, Xabier Igrexas afirmó que la agilidad en el pago demuestra que la baja ejecución presupuestaria no responde a problemas financieros.

El PP aprueba una moción en apoyo a la pesca artesanal

El PP sacó adelante, con sus únicos votos a favor, una moción de apoyo a las reclamaciones del sector pesquero ante el nuevo Reglamento de Control de la Unión Europea. La propuesta defendida por Luisa Sánchez advirtió de que el nuevo marco normativo, aunque orientado al control y la trazabilidad, impone obligaciones que resultan difíciles de asumir para la flota artesanal y de bajura. El texto reclama al Gobierno que aplique todas las flexibilidades previstas, reduzca a media hora el plazo de aviso previo de llegada a puerto y mejore las herramientas digitales para adaptarlas a los barcos de menor tamaño.

Desde el PSOE, Carlos Font criticó la iniciativa y acusó al PP de utilizar la pesca para confrontar con el Gobierno, recordando que el reglamento fue apoyado por el PP en el Parlamento Europeo y que recientemente se alcanzó un acuerdo con el sector para flexibilizar las medidas. El BNG, por su parte, calificó la moción de “lavado de cara” del PP y presentó una enmienda para pedir la exclusión de la flota artesanal y una moratoria en la aplicación de la norma, que no fue aceptada. La moción fue aprobada con los votos del PP y la abstención de PSOE y BNG.

Rechazo a la moción del BNG para remunicipalizar el servicio del bus

El BNG presentó una moción en la que Xabier P. Igrexas reclamó desistir de la licitación del servicio de bus urbano para avanzar hacia su remunicipalización, acompañada de un rediseño del mapa de líneas. Desde el PP, Miguel Martín sostuvo que con la nueva licitación “en lo sustancial nada va a cambiar en el futuro”, aunque rechazó la opción de la remunicipalización.

El teniente de alcalde de Fomento, Javier Pardo, defendió el nuevo contrato de servicios señalando que el Concello mantiene la toma de decisiones y que se prevén revisiones de la red de transporte en plazos de cuatro meses, doce meses y cuatro años. La iniciativa fue rechazada con los votos de PSOE y PP, y solo contó con el apoyo del BNG.