Los polígonos del área de Vigo se blindarán ante la huelga del transporte

Primeros pasos preventivos en Vigo para paliar los daños ante la huelga de transportistas convocada para el lunes, día 15. La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, coordinó en el día de ayer con los principales mandos policiales del dispositivo preventivo con el que se garantizará la operatividad de las comunicaciones, con motivo de la convocatoria de un paro patronal por parte de La Plataforma minoritaria del transporte. La subdelegada dio instrucciones para que se tomen las medidas operativas oportunas que propicien la libre circulación de los transportistas que no secunden el paro, ante la posible presencia de piquetes en el Puerto de Vigo y polígonos industriales de la ciudad. Esta imagen se vivió en el anterior cese de actividad en el mes de marzo, donde dispositivos de la Policía escoltaron varios camiones en la realización de su trabajo ante la posibilidad de ser boicoteados por parte de sus compañeros de profesión.

Los dispositivos especiales tendrán también lugar en los principales centros logísticos de la provincia, así como en los puertos de Marín y Villagarcía, y los polígonos industriales con mayor actividad relacionada con el transporte de mercancías. Se desplegarán en estes puntos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que vigilarán que se cumpla el derecho al trabajo de los transportistas y para que se mantenga el suministro a puntos de venta, supermercados y superficies comerciales. El operativo comenzará desde la madrugada del lunes, día 15.

Representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se reunieron ayer con miembros de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte con el fin de evitar el paro indefinido convocado por esta asociación. Una llamada de urgencia para evitar que, en fechas señaladas, el cese de actividad pudiese generar un desabastecimiento en materias primas. Tras la reunión, la organización convocante decidió mantener el paro convocado, asegurando que los cargadores, ante la pasividad de la Administración en el control de la aplicación de la norma, no respetan el precio de coste a los transportistas.