El pleno aprueba la tasa turística y las Zonas de Bajas Emisiones

El gobierno municipal aprobó este lunes en el pleno la ordenanza fiscal que regula la nueva tasa turística y dio el visto bueno inicial a las Zonas de Bajas Emisiones, gracias a la mayoría absoluta del PSOE y con el rechazo de PP y BNG.

La tasa turística entrará en vigor el 1 de octubre y gravará las pernoctaciones tanto en hoteles como en viviendas de uso turístico. Así, los visitantes que lleguen a Vigo para acudir a la feria Conxemar o a la próxima Navidad ya tendrán que abonarla.

El concejal socialista Jaime Aneiros defendió que la tasa “no grava a los vigueses, sino a los visitantes” para que “contribuyan a pagar los servicios públicos que también usan como el agua o la limpieza” y aseguró que la recaudación se destinará a infraestructuras turísticas y servicios públicos vinculados al turismo. Las tarifas oscilarán entre 75 céntimos y 1,82 euros por noche según la categoría del alojamiento, por debajo del máximo permitido por la normativa autonómica y también de las cuantías aplicadas en otras ciudades como A Coruña, Santiago, Lisboa u Oporto.

La portavoz del PP, Luisa Sánchez, criticó el cambio de postura del alcalde Abel Caballero respecto a este impuesto y cuestionó la falta de concreción sobre el destino de los ingresos, ya que “no concretaron a donde va a ir a parar el dinero”. Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, calificó la tasa “de mínimos”, defendió una propuesta “más ambiciosa” y acusó al gobierno local de impulsar un modelo turístico que agrava la presión sobre la vivienda y la ciudad.

Además, salió adelante de forma inicial la ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones. El socialista Carlos Font señaló que la normativa se implantará por fases y que incluye hasta 20 excepciones para minimizar el impacto. “Nuestro objetivo ha sido que nadie se vea obligado a cambiar su vehículo”, aseguró.

PP y BNG rechazaron la propuesta. Los populares acusaron al ejecutivo local de falta de transparencia y advirtieron del carácter sancionador de la medida. “La Ley de Tráfico calfica de faltas graves los incumplimientos con multas de hasta 200 euros”, aseguró el concejal Miguel Martín. Mientras, desde el BNG Xabier P. Igrexas la calificó de “injusta y antisocial”.

Sin embargo, la mayoría del PSOE sacó adelante también esta votación. La ordenanza tendrá que regresar al pleno una vez más para su aprobación inicial, y en cuanto esta se produzca, entrará en vigor la primera fase que limitará el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental. Posteriormente, se sumarán los de etiqueta B y una tercera que también incluirá a los C. “Una vez entre en vigor las personas que se detecten en las zonas recibirán una notificación del Concello para que sean conocedores de la norma”, avanzó Carlos Font.

Luz verde definitiva a la nueva ordenanza para el bus urbano

El pleno también aprobó definitivamente la ordenanza de prestaciones patrimoniales para el servicio de transporte urbano colectivo. El PSOE defendió el nuevo marco jurídico ligado al futuro contrato del bus urbano y destacó las bonificaciones existentes para jubilados y menores. Tanto PP como BNG votaron en contra. Los populares reclamaron nuevos abonos más económicos y alertaron del incremento del coste del servicio, mientras que los nacionalistas rechazaron lo que consideran “una nueva privatización” del transporte urbano.

Durante la sesión también se dio cuenta del informe de control interno correspondiente al ejercicio 2025. El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, defendió que todos los expedientes de gasto fueron sometidos a intervención y destacó el “importante volumen” de actuaciones realizadas, con 53.089 controles durante el año. Según señaló, todos los expedientes se resolvieron “sin reparos a la actuación municipal”. La concejala del PP Patricia García cuestionó la gestión económica del gobierno local y aseguró que el elevado movimiento presupuestario “no significa necesariamente buena gestión” y el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, consideró que el documento es “un resumen parcial” y exigió acceso a todos los informes.

El pleno aprobó además por unanimidad una declaración institucional de condena a la agresión de Israel contra miembros de la Global Sumud Flotilla que navegaba con ayuda humanitaria hacia Gaza y en la que viajaban un vecino de Bouzas y otro de Cangas.