El pleno reclama las guardias de 24 horas si Vigo mantiene los 8 juzgados de instrucción

El futuro de los juzgados de Vigo llegó ayer al debate del pleno municipal. El grupo socialista aprobó sin votos en contra una moción para instar a la Xunta a dotar en los presupuestos de 2026 una partida que permita la implantación del sistema de guardias de 24 horas en los juzgados de la ciudad. La propuesta salió adelante con el apoyo del grupo socialista, mientras que BNG y PP optaron por la abstención.

La concejala socialista Yolanda Aguiar criticó que Vigo es una excepción en el sistema judicial español a pesar de cumplir los requisitos establecidos, mientras que la oposición recordó que para contar con estas guardias es requisito indispensable que Vigo mantenga el juzgado de Instrucción 8, tras plantearse la supresión de uno para crear un segundo juzgado de violencia de género. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, calificó la moción de una “cortina de humo”, mientras que desde el BNG, Xabier Igrexas señaló que es “imprescindible” contar con estas guardias porque “una justicia lenta es menos justa”. Durante el debate estuvieron presentes el presidente y el secretario de la junta de personal de los Juzgados de Vigo.

Además, el alcalde Abel Caballero intervino para afirmar que el Gobierno le garantizó el mantenimiento de los ocho juzgados de Instrucción existentes en la ciudad. Por ello, Caballero reclamó a la Xunta que asuma ahora su parte de responsabilidad en la activación del sistema de guardias.

Reconoció que, por el momento, el compromiso del Gobierno no está firmado, sino que se alcanzó tras “mantener conversaciones con el ministro de Justicia”, pero añadió que “nos vale que la Xunta se pronuncie oralmente diciendo que, en el momento en que el decreto del Gobierno asegure el octavo juzgado, en ese momento empezamos a pagar las guardias de 24 horas”.

En el ámbito educativo, el PSOE logró sacar adelante dos mociones dirigidas a la Xunta. La primera solicitaba la reversión al Concello de un inmueble anexo al CEIP Virxe do Rocío, actualmente sin actividad lectiva, que fue aprobada con el rechazo del PP y la abstención del BNG. En una segunda moción, también respaldada únicamente por el grupo socialista, se reclamó al Gobierno autonómico la reforma de las cubiertas de varios centros educativos públicos de la ciudad. El pleno aprobó igualmente una moción del PSOE para solicitar una mayor implicación de la Xunta en la financiación del servicio de salvamento en las playas.

El futuro de las atracciones en las fiestas no se debatió en el pleno

La moción de urgencia presentada por el PP sobre la situación de las fiestas populares y la presencia de atracciones en las mismas no llegó a debatirse, al no superar el trámite de urgencia. A pesar del respaldo de BNG y PP, el PSOE votó en contra de su inclusión en el orden del día. El grupo socialista argumentó que las fiestas previstas se celebrarán según el calendario y dentro de la legalidad, citando el caso de Coia, que finalmente mantendrá parte de su programación, a pesar de no contar este año con atracciones.

También fue rechazada una moción del PP para modificar la clasificación urbanística de una parcela situada en la antigua estación de autobuses, con el fin de permitir la construcción del futuro centro de asociacionismo proyectado por la Xunta y que fue paralizado en la calle Lalín ante el conflicto sobre la titularidad de los terrenos con el Concello. El gobierno local calificó de ilegal la propuesta de modificar el PGOM con un acuerdo plenario, que fue rechazada con los votos de PSOE y BNG. Desde el PP se advirtió que la operación permitiría salvar una inversión autonómica de 19 millones de euros.

El Concello prepara medidas ante la entrada de Uber en Vigo

El inicio de la actividad de la empresa de transporte Uber en la ciudad sin contar con licencia municipal para ello también fue uno de los temas abordados durante la sesión plenaria de ayer.

El PP trasladó al gobierno local una petición para que aclare las medidas que pretenda tomar al respecto durante el punto de ruegos mientras que el BNG lo hizo en el punto de preguntas. El encargado de responder fue el segundo teniente de alcalde, Javier Pardo, que avanzó que el Concello está estudiando las medidas necesarias a adoptar aplicando la ley. “El Concello tomará esas medidas una vez estudiadas y con la normativa vigente”, afirmó en respuesta a la pregunta planteada por los nacionalistas.

La empresa de transporte inició su actividad en la ciudad a mediados del pasado mes de junio, una noticia que causó gran preocupación en el sector del taxi.

El gobierno local defiende sus cuentas y la oposición critica la baja ejecución

El pleno también aprobó, con el único respaldo del PSOE, la conta xeral correspondiente al ejercicio 2024. El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, destacó la ejecución presupuestaria con 329 millones comprometidos y más de 314 millones pagados. Sin embargo, la oposición criticó el uso creciente de los remanentes y la baja ejecución de las partidas destinadas a inversiones. El BNG calificó el documento como una muestra de “procrastinación e inercia”, mientras que el PP lo consideró “propagandístico y económicamente preocupante”. A pesar del rechazo de ambos grupos, el documento fue aprobado con la mayoría absoluta del grupo de gobierno.