Via libre al gobierno municipal para regular los pisos turísticos en Vigo
El pleno aprobó de forma inicial la nueva ordenanza con el voto a favor del PSOE y el rechazo de PP y BNG
El pleno del Concello aprobó ayer de forma inicial la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico, con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y BNG. La norma tiene como objetivo, según el gobierno local, compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal.
La teniente de alcalde de Urbanismo, María José Caride, defendió que la ordenanza busca “garantizar el acceso a la vivienda, evitar problemas de convivencia, evitar el vaciado de vecinos del centro y dar seguridad jurídica a empresarios y usuarios”, así como “mantener que Vigo sea una ciudad para vivir y con mayor calidad de vida”.
La socialista señaló que en los últimos años la ciudad experimentó un crecimiento significativo del número de viviendas de uso turístico, especialmente en las zonas centrales, el ensanche y el litoral. Atribuyó este incremento a un nuevo modelo económico vinculado al turismo urbano y a la presencia de plataformas digitales de intermediación. Según indicó, esta tendencia está generando efectos sobre el tejido residencial, al reducir la oferta de vivienda habitual y tensionar los precios.
La ordenanza se ampara en el Plan General de Ordenación Municipal, que establece el uso terciario hostelero para este tipo de inmuebles. Entre otras limitaciones, impide desarrollar la actividad si no existe un acceso específico e independiente para la vivienda turística; prohíbe su implantación cuando en las plantas inferiores haya uso residencial; la veta en inmuebles que hayan contado con algún tipo de protección pública, subvención o ayuda a la rehabilitación; y habilita al Ayuntamiento para declarar zonas limitadas para su implantación.
Desde el PP, Luisa Sánchez criticó la iniciativa y sostuvo que la ordenanza intenta “resolver un problema estructural recortando derechos individuales” y que el alquiler de corta duración es “un ejercicio legítimo del derecho de propiedad” que no constituye el origen del problema de la vivienda en la ciudad. A su juicio, las restricciones previstas como prohibiciones, cupos o zonas saturadas, afectan al contenido económico del derecho de propiedad y, si se imponen sin indemnización, podrían suponer lo que el derecho denomina “expropiación regulatoria encubierta”.
Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, consideró que el texto no introduce medidas suficientes para frenar un fenómeno que calificó de “ultraespeculativo”. Afirmó que la propuesta es “muy laxa” y se sitúa “muy por detrás de medidas aplicadas en otras ciudades como A Coruña o Santiago”.
En su réplica, Caride contrapuso lo que definió como “la visión del mercado del PP” y la posición del BNG, al que acusó de plantear una intervención confiscatoria, frente a “la centralidad de un gobierno que trabaja para la inmensa mayoría de los ciudadanos de Vigo”.
Visto bueno a la ordenanza para agilizar trámites urbanísticos
En la misma sesión, se aprobó inicialmente otra ordenanza, en este caso la reguladora de las licencias urbanísticas. La norma salió adelante con los votos de PSOE y PP y el rechazo del BNG.
Caride explicó que el objetivo es “dar claridad y comprensión en la tramitación de licencias, simplificar el procedimiento administrativo, facilitar la presentación online y reducir los tiempos de tramitación”, además de adaptar la regulación al nuevo PGOM. El texto define qué actos están sujetos a licencia, cuáles a comunicación previa y cuáles a declaración responsable, con la finalidad de mejorar la información a los profesionales del sector.
Desde el PP Miguel Martín, calificó la iniciativa como una “rectificación tardía” tras años de aplicación de una ordenanza que, según dijo, no funcionaba, mientras que desde el BNG, Igrexas consideró incuestionable la necesidad de actualizar la norma, pero advirtió de que bajo la “agilización administrativa” se propone “una desregulación encubierta y un debilitamiento de las garantías urbanísticas”.
El Concello reivindica su gestión económica y la oposición destaca la falta de ejecución
El gobierno local reivindicó ayer en el pleno su municipal “buena gestión” económica en el debate del informe de liquidación del presupuesto de 2025, mientras que los grupos de la oposición criticaron la escasa ejecución y atribuyeron el elevado remanente a una falta de gestión.
El concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, valoró que el Concello cumple con las reglas fiscales de estabilidad y techo de gasto, que presenta ahorro neto positivo y remanentes líquidos de tesorería también positivos, y que no existe endeudamiento. “La balanza fiscal de este Concello siempre es favorable al ciudadano, lo que se paga por impuestos retorna a los vigueses de forma multiplicada”, afirmó. El concejal enumeró programas financiados con cargo al presupuesto, como ayudas sociales, las becas de inglés, el apoyo a más de 70 pymes para la contratación de personas o las ayudas a más de 80 entidades sin ánimo de lucro que, según indicó, permitieron contratar a más de 300 personas.
Desde el grupo municipal del PP, Patricia García sostuvo que “el Concello funciona como un reloj suizo cuando se trata de cobrar”, pero cuestionó la ejecución del capítulo de inversiones reales. Indicó que las obligaciones reconocidas fueron de 28 millones y que hubo menos inversiones reales que el año anterior. Afirmó que el gobierno “inflaron el capítulo 6 hasta 122 millones y ejecutaron 28” y que existen fondos europeos sin emplear. Señaló que el remanente asciende a 215 millones y añadió que “no es ahorro por buena gestión, es falta de ejecución”.
Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, sostuvo que la inejecución presupuestaria alcanzó “casi 137 millones de euros” sobre un total de más de 420 millones, lo que supondría que se ejecutó solo el 67% del presupuesto. “La inejecución no es ahorro, es falta de gestión, son recursos de la ciudad que dejan sin retornar a los vigueses”, manifestó. Añadió que quedaron sin gastar 258.000 euros en ayudas sociales y que en 17 proyectos de humanizaciones “en 2025 no ejecutaron un solo euro”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar