El pleno da el visto bueno inicial a la regulación de los pisos turísticos en Vigo

El pleno del Concello aprobó de forma inicial la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico, con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y BNG. La norma tiene como objetivo, según el gobierno local, compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal.

La teniente de alcalde de Urbanismo, María José Caride, defendió que la ordenanza busca “garantizar el acceso a la vivienda, evitar problemas de convivencia, evitar el vaciado de vecinos del centro y dar seguridad jurídica a empresarios y usuarios”, así como “mantener que Vigo sea una ciudad para vivir y con mayor calidad de vida”.

La socialista señaló que en los últimos años la ciudad experimentó un crecimiento significativo del número de viviendas de uso turístico, especialmente en las zonas centrales, el ensanche y el litoral. Atribuyó este incremento a un nuevo modelo económico vinculado al turismo urbano y a la presencia de plataformas digitales de intermediación. Según indicó, esta tendencia está generando efectos sobre el tejido residencial, al reducir la oferta de vivienda habitual y tensionar los precios.

La ordenanza se ampara en el Plan General de Ordenación Municipal, que establece el uso terciario hostelero para este tipo de inmuebles. Entre otras limitaciones, impide desarrollar la actividad si no existe un acceso específico e independiente para la vivienda turística; prohíbe su implantación cuando en las plantas inferiores haya uso residencial; la veta en inmuebles que hayan contado con algún tipo de protección pública, subvención o ayuda a la rehabilitación; y habilita al Ayuntamiento para declarar zonas limitadas para su implantación.

Desde el PP, Luisa Sánchez criticó la iniciativa y sostuvo que la ordenanza intenta “resolver un problema estructural recortando derechos individuales” y que el alquiler de corta duración es “un ejercicio legítimo del derecho de propiedad” que no constituye el origen del problema de la vivienda en la ciudad. A su juicio, las restricciones previstas como prohibiciones, cupos o zonas saturadas, afectan al contenido económico del derecho de propiedad y, si se imponen sin indemnización, podrían suponer lo que el derecho denomina “expropiación regulatoria encubierta”.

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, consideró que el texto no introduce medidas suficientes para frenar un fenómeno que calificó de “ultraespeculativo”. Afirmó que la propuesta es “muy laxa” y se sitúa “muy por detrás de medidas aplicadas en otras ciudades como A Coruña o Santiago”.

En su réplica, Caride contrapuso lo que definió como “la visión del mercado del PP” y la posición del BNG, al que acusó de plantear una intervención confiscatoria, frente a “la centralidad de un gobierno que trabaja para la inmensa mayoría de los ciudadanos de Vigo”.

En la misma sesión, también se aprobó inicialmente otra ordenanza, en este caso la reguladora de las licencias urbanísticas. La norma salió adelante con los votos de PSOE y PP y el rechazo del BNG.