El Plan de Vigo se pone a prueba frente a una oleada de recursos judiciales

El nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Vigo afronta decenas de recursos judiciales ya en el inicio de su andadura. Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el nuevo documento que regula el urbanismo de la ciudad se enfrenta a varias impugnaciones tras su aprobación definitiva hace menos de un año.

El alto tribunal dio traslado del expediente administrativo a las partes y los procedimientos se encuentra en plazo para la formalización de las demandas. Se trata de una fase inicial de la tramitación, que según avanzan desde el TSXG, tendrá largo desarrollo. El anterior PGOM se aprobó en 2008, pero un recurso judicial terminó por tumbarlo en el Tribunal Supremo tras siete años de litigios.

Algunos de estos recursos fueron publicados esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde se emplaza a las partes interesadas para que puedan comparecer y personarse como demandadas en los autos. Con todo, estas notificaciones todavía no revelan su contenido. Parte de las denuncias podrían corresponder a reclamaciones de alcance limitado o ser rechazadas durante el proceso. No obstante, su resolución será relevante para consolidar la seguridad jurídica del nuevo planeamiento.

El PGOM de 2008 fue objeto de más de medio centenar de recursos. Todos ellos fueron desestimados en primera instancia por el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin embargo, uno de los procedimientos fue estimado posteriormente en casación por el Supremo, que anuló el plan.

La causa fue la ausencia del trámite de evaluación ambiental estratégica, que si se cumplió en esta ocasión. La sentencia supuso la derogación total del documento y obligó a la ciudad a gestionar durante cerca de una década su desarrollo urbanístico con el planeamiento anterior, aprobado en 1993, y que también había afrontado numerosos recursos.

La teniente de alcalde de Urbanismo, María José Caride, ya defendió públicamente que el nuevo Plan General es un documento “robusto” desde el punto de vista legal. Señaló que cualquier ciudadano o colectivo puede defender sus intereses particulares, pero afirmó que el gobierno municipal y la ciudad actuarán en defensa del interés general y de un PGOM “que ha tenido toda la tramitación legal adecuada”. Añadió que el nuevo planeamiento ha dado respuesta a las observaciones recogidas en los informes sectoriales.

Desde la asesoría jurídica del Concello se trabaja en la preparación de la defensa municipal y se amplió el contrato con el despacho externo encargado de los servicios de procuraduría para asumir las nuevas reclamaciones vinculadas al plan.

La situación de Vigo no es aislada. Otros municipios han visto anulados sus planes urbanísticos por incumplimientos detectados en aspectos concretos. El Gobierno tramitó el pasado año una modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para limitar las posibilidades de anulación de planes por defectos formales. La iniciativa no llegó a debatirse en el Congreso al ser retirada por falta de apoyos. En enero de este año, el PP presentó una propuesta alternativa con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica del sector y evitar la paralización de planes durante años por defectos que no afectarían a las garantías de edificación, pero también necesitaría acuerdo para poder aprobarse.