Otra reconquista en Toralla

Vecinos de San Miguel preparan una marcha sobre la isla para reclamar que se cumpla la Ley de Costas y se ceda un paso público en todo el perímetro de la isla

El puente de acceso ya avisa que el camino está cortado al final, salvo para los residentes en la isla.
El puente de acceso ya avisa que el camino está cortado al final, salvo para los residentes en la isla.

Vecinos de San Miguel de Oia y su entorno se han conjurado el próximo sábado 13 a partir de las 11,30 para realizar un acto de protesta ante el puente de Toralla como primer paso hacia la “reconquista” de la isla, territorio privado que, según advierten, incumple la normativa en vigor. Señalan que según el artículo 27 de la Ley de Costas de 1988, la servidumbre de tránsito será sobre una franja de seis metros como mínimo medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, y deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y el de vehículos de vigilancia y salvamento. Añade que en los lugares de tránsito difícil o peligroso dicha franja podrá ampliarse hasta 20 metros. “Esto es así, lo que dice la ley, pero por qué en Toralla no se aplica y sigue la isla cerrada”, se preguntan los vecinos. Solo los residentes tienen acceso completo y las posibilidades de desarrollar un paseo perimetral parecen remotas, salvo que la nueva campaña tenga éxito.

Lo cierto es que se trata de un asunto recurrente que cada cierto tiempo vuelve a la luz. En febrero de 2018, siendo presidente todavía Mariajo Rajoy, el PSOE presentó una iniciativa en el pleno de la que nunca más se supo en cuanto cambió el Gobierno. Era una moción para instar al Ministerio de Agricultura y Pesca a “tomar las medidas necesarias para recuperar y garantizar el acceso público y gratuito al dominio público marítimo-terrestre de la isla de Toralla” y habilitar “una senda peatonal accesible y segura que permita realizar el recorrido completo del perímetro de la isla”. La iniciativa se basaba en la Ley de Costas, la misma a la que ahora apelan los vecinos, que dice que “la servidumbre de tránsito recaerá sobre la franja de seis metros medidos tierra adentro a partir del límite inferior de la ribera del mar”. Asimismo, añade que “esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal”.

La moción fue apoyada por Marea, por boca de Rubén Pérez, hoy viceministro de Juventud, quien aseguraba entonces que la privatización de la isla es “la herencia más vergonzosa de este ayuntamiento y un ejemplo de la especulación más infame”. El PP vigués prefirió abstenerse porque entonces estaba en el Gobierno. Y hasta hoy.

De momento, el puente de acceso continuará siendo una concesión de una empresa privada, Toralla SA, durante otros 40 años más, hasta 2064, salvo que se produzca una compra de los derechos o un acuerdo, lo que parece poco probable. Toralla SA, que desde 1965 gestiona el viaducto y los terrenos comunes dentro de la isla, cuenta con unos 300 propietarios: los residentes de la torre y los chalés, entre ellos algunos rostros famosos.

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