La okupación afecta al 0,01% de las viviendas en Vigo y provincia

El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, que genera gran preocupación ciudadana es, en realidad mínimo, atendiendo a las cifras oficiales. Los últimos datos del Ministerio de Interior señalan que durante el año pasado hubo 60 denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles en toda la provincia, lo que supone apenas un 0,01% atendiendo al parque inmobiliario, que se sitúa por encima de las 530.000 viviendas. Las últimas estadísticas del INE señalaban que en el 95% de okupaciones se producen en inmuebles vacíos o abandonados, algo que coincide con los datos de los juzgados de Vigo. Atendiendo a esa peculiaridad, la incidencia subiría ligeramente situándose en un 0,06%, al cifrarse las casas sin uso sobre las 89.000, según la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias.

Los datos del Ministerio de Interior reflejan además que el año pasado hubo un descenso de casos de más del 7%, contabilizándose un total de 60. Aun así, la cifra es todavía muy superior a la registrada en 2010 (el primer ejercicio del que se tienen registros). En aquel momento solamente se interpusieron 14 denuncias. 

En la cifra anual se incluyen tanto los delitos que cometen aquellos que ocupan una vivienda sin autorización o se mantienen en ella contra la voluntad de su propietario, así como los que se quedan en un inmueble pese a estar sus moradores y aunque hayan sido invitados por estos pero se nieguen a marcharse. Se trata en suma de lo que el código penal distingue entre la usurpación y el allanamiento.

 Tal y como corroboran los números, este tipo de situaciones tienen mucho menor incidencia en la población que delitos como los robos o las estafas. A nivel nacional, el porcentaje de inmuebles okupados se sitúa en un 0.005%, siendo en la provincia inferior que en otras de Galicia, como en A Coruña, donde se registraron el año pasado más del doble de casos, que en Valladolid o Cádiz, por ejemplo.

Solo en Vigo, los desahucios de personas que se introducen sin permiso en propiedades abandonadas o vacías se sitúan en una media de cuatro anuales, tal y como refleja la Oficina de Notificaciones que solo en 2024 realizó un total de 347. No obstante, la mayor parte de los desalojos realizados durante el año pasado fueron por impago de alquiler tanto en viviendas como locales comerciales, sin que se tuviera que acudir con la Policía o con las fuerzas de Seguridad del Estado.

Menos denuncias pero más detenidos por usurpación y allanamiento

Mientras el número de hechos conocidos de okupación descendió el año pasado, la cifra de detenidos se incrementó respecto a 2023 en la provincia. La estadística del Ministerio de Interior refleja un incremento de personas investigadas o arrestadas por asentarse en inmuebles ajenos a su propiedad sin autorización en más del doble. Aun así, pese la subida, la cifra sigue siendo irrisoria, pues solo fueron cinco durante 2024, frente a los dos del año anterior. 

Esto significa que pese a los casos registrados, la intervención en detenciones es mínima. La mayoría de afectados optan de forma prioritaria por la vía civil, pues el objetivo es recuperar la propiedad frente al castigo penal. Por otro lado, el hecho de que la gran mayoría de okupaciones se produzcan en inmuebles vacíos sin control sobre quien puede entrar a residir dificulta las identificaciones. De hecho, de los 60 casos registrados a nivel provincial, se esclarecieron 44, uno más que en 2023, donde la cifra de okupaciones fue mayor, una noticia en positivo que refleja una tendencia al alza en la resolución de un tipo de infracciones penales que generan gran alarma social por la indefensión de las víctimas que lo sufren.

 Hay que remontarse a 2022, fecha en la que se produjo el récord de detenciones e investigaciones desde que hay registros. En aquel año, las fuerzas de Seguridad atribuyeron un delito de usurpación o allanamiento a un total de 11 personas. 

Las penas pueden ir desde multa en el caso del delito leve hasta los dos años de prisión en el caso básico de allanamiento.

De personas sin hogar que buscan refugio a delincuentes

En Vigo, el problema de la okupación es más frecuente en casas o inmuebles abandonados, aunque también hasta los juzgados han llegado casos de personas que se han colado en domicilios aprovechando el traspaso de una herencia por reciente defunción. 

Frente a quienes hacen de la ocupación un oficio para no hacer frente al pago de una vivienda y acaban causando destrozos, hay quienes buscan un refugio al no contar con posibilidades económicas para un alquiler. 

En esa situación se encontraban los moradores del edificio de Alfonso X, que fue víctima de un trágico incendio en el que murieron cuatro personas, una madre y sus tres hijos. El próximo mes de abril, 24 supervivientes que residían de forma ilegal en dicho inmueble volverán al juzgado. Se enfrentan a un delito de usurpación y otro de daños. La propiedad les había denunciado antes del incendio, pero no fue hasta después del suceso cuando se pudo materializar al ser identificados los ocupantes cuando evacuaban el edificio. La vista se suspendió en noviembre y en ella está también como denunciado el hombre que perdió a su familia.