Más de 1.000 millones sin cobrar por el daño del “Prestige” tras 20 años

Veinte años después de la mayor catástrofe ecológica en España, el hundimiento del petrolero “Prestige” frente a las costas gallegas, el proceso judicial para dirimir las responsabilidades civiles todavía sigue dando coletazos. La sentencia definitiva, dictada por el Tribunal Supremo fijaba las indemnizaciones a pagar en 1.500 millones de euros más otros 1.000 en intereses y costas, pero a día de hoy queda un importante agujero por cubrir. El fallo condenó cómo único responsable civil al capitán del barco, Apostolos Mangouras y subsidiaremente a la propietaria del buque y a su aseguradora, con la que el Gobierno español mantiene el pleito para conseguir al menos los 850 millones de la póliza. The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, la compañía citada, sigue eludiendo su responsabilidad por los daños causados a pesar de que el Tribunal Europeo dictaminó en junio de este año su obligación de acatar la sentencia, tras tratar de eludirla con un arbitraje previo en Londres. Con Reino Unido fuera de la UE, la pelota está en el tejado de los tribunales británicos, pese a la advertencia al Reino Unido de enfrentarse a una sanción.

Con todo, la cuantía pendiente de la cifra fijada por el tribunal para resarcir los perjuicios superaría los 1.000 millones.

Las primeras indemnizaciones se cobraron hace tres años con las cantidades aportadas entre el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos y por la aseguradora del buque (solo 22,7 millones), que se repartieron entre el Gobierno español, el francés, la Xunta y los 262 damnificados entre empresas, marineros o concellos.

Pero para llegar a este punto ha tenido que pasar un largo y complejo proceso judicial que comenzó en en 2003, meses después de aquel 13 de noviembre de 2002 en el que se hundía el buque cargado con 77.000 toneladas de fuel. La instrucción cayó en manos de los juzgados de Corcubión, por ser la zona más cercana al siniestro, y el capitán llegó a ser detenido, quedando en libertad tras el pago de tres millones de fianza.

Nueve años después se sentaban en el banquillo de la Audiencia provincial de A Coruña los cuatro acusados, el capitán Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; el primer oficial, Ireneo Maloto; y el que fuera director de la Marina Mercante José Luis López-Sors González. Los tres primeros, se enfrentaban a delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia y el último por delitos de medio ambiente y daños en su decisión de alejar el buque, lo que extendió los perjuicios causados por el fuel a más de 2.500 kilómetros de costa del norte de España, y el oeste de Francia. Era la primera vez que el Estado estaba en un procedimiento como demandante y a la vez perjudicado.

La primera sentencia cayó como un jarro de agua fría. La Audiencia exoneraba a los acusados de los principales delitos, e imponía nueve meses de prisión por desobediencia grave al capitán, que tardó tres horas en aceptar el remolque del petrolero, mientras eximía de toda responsabilidad civil y penal al Gobierno, cargando las tintas contra la clasificadora American Bureau of Shipping (ABS) encargada de expedir el último certificado de navegabilidad de un buque ruinoso y a la que la justicia no fue capaz de sentar en el banquillo. De hecho, el Gobierno llegó a gastar 30 millones en un pleito en EEUU que no logró prosperar.

Hubo recurso ante el Supremo, de la mano del Ministerio Fiscal, Abogado del Estado y Xunta y tres años después, en 2016, el alto tribunal dictaba una sentencia firme que daba un giro importante al fallo anterior. Además de elevar la pena a Mangouras a dos años de cárcel por un delito de medio ambiente establecía una responsabilidad civil, que no fue fijada hasta 2018. El tribunal apreció grave imprudencia por parte del capitán por haber acometido la que resultó ser la última travesía del “Prestige” en la manera en que lo hizo Dice el fallo que, “asumió un viaje en un momento en que lo previsible, cuando no seguro, en atención a la zona por la que había de navegar y la época del año en la que lo hacía, es que hubiera de enfrentarse a condiciones meteorológicas adversas".

Además, señala el fallo, lo hizo con un barco que, aún prescindiendo de su estado estructural, estaba envejecido y con deficiencias operativas que conocía perfectamente: había de navegar en manual porque el piloto automático no funcionaba; con las calderas sin serpentines que permitieran calentar la carga con la intensidad necesaria para facilitar el eventual trasvase de la misma; con un remolque que en situaciones adversas era difícil de accionar pues requería de al menos cuatro hombres para moverlo y vapor de agua, lo que lo inutilizaba en el caso de colapso de la maquinaria”.

“Fue un proceso muy complejo para el que no estábamos preparados"

Largo, lento y muy complejo. Así recuerda el abogado vigués Alberto Muñoz el proceso judicial del “Prestige” en el que estuvo personado como acusación particular, en representación de las cofradías de Galicia y Asturias. Según afirma, “no estábamos preparados para una catástrofe tan descomunal, había escasos medios y carecíamos de herramientas jurídicas para una reclamación similar”, algo, en lo que asegura “no se ha avanzado nada, porque nuestro ordenamiento jurídico es muy estricto a la hora de cuantificar los daños que no se pueden apreciar, como en este caso”. El letrado recuerda que “las consecuencias fueron gravísimas y los sectores perjudicados tardaron años en recuperarse de las consecuencias”.

Muñoz añade que incluso “tuvimos que fijarnos en el caso de la presa de Tous para las reclamaciones”, ya que no había un precedente para afrontar una causa de tal magnitud como del hundimiento de este petrolero. Sí incide en que el fallo del Tribunal Supremo “ha sido un referente importantísimo porque de alguna manera protege nuestras costas, lanza el aviso de que no se pueden enviar petroleros a navegar desde otros países que estén en pésimas condiciones”.

En su caso, sus representados cobraron la mayoría de las indemnizaciones y explica que ahora es el Gobierno de España el que lucha por conseguir de la aseguradora del barco la cantidad millonaria que le corresponde.