Luz verde definitiva a las Zonas de Bajas Emisiones en Vigo

La junta de gobierno local de Vigo dará este jueves luz verde definitiva al proyecto de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad. El plan fija cuatro áreas concretas en las que se aplicarán estas medidas y establece un calendario por fases que culmina en 2031 con su plena aplicación.

Se organizarán en cuatro ámbitos diferenciados que, en conjunto, suman una superficie de 67 hectáreas. Estarán situadas en el Casco Vello, la Plaza de Portugal, Bouzas y el Calvario, según recoge el proyecto que hoy recibe la aprobación final por parte del gobierno municipal.

El documento incluye un cronograma escalonado para la puesta en marcha de las distintas actuaciones, con el horizonte de 2031 como fecha límite para que todas las medidas estén plenamente operativas, como ya avanzó a Atlántico la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez. Tras esta aprobación, queda pendiente la elaboración y aprobación de la ordenanza municipal que regulará el funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones, así como la que deberá concretar los sistemas de control y, en su caso, el régimen sancionador.

Sobre este punto, el alcalde Abel Caballero reiteró ayer su rechazo a un modelo basado en sanciones económicas. “A mí me parece inadecuado el sistema que Europa eligió para las Zonas de Bajas Emisiones y no vamos a entrar en un proceso de multas”, afirmó. El alcalde añadió que el acceso “tendría que haber sido con criterios sociales, porque el sistema de multas es que el que no tenga un coche eléctrico tiene que restringir su acceso a la Zona de Bajas Emisiones, en suma, expulsa a la gente de poca capacidad adquisitiva, porque no se puede comprar un coche eléctrico”.

Por tanto, el regidor insistió en que “nuestro proyecto no es el de las multas, es el del consenso social”. Caballero puso como ejemplo el funcionamiento actual del Casco Vello, donde en varias zonas ya se limitó el acceso a vehículos en muchas zonas de forma generalizada, que “funciona bien y no tuvimos que aplicar un sistema de renta”, afirmó.

Desde el PP, el concejal Miguel Martín recordó que las medidas no se aplicarán hasta que no esté la ordenanza y alertó de que esto podría provocar que se pierdan las ayudas al bus urbano, condicionadas a que se aplicasen antes de que terminase el año.