Juzgan a los jefes de uno de los últimos clubes de alterne de Vigo

Los tres responsables de uno de los últimos clubes de alterne que todavía quedaban en pie en Vigo, concretamente en Castrelos, y que lleva clausurado desde el 2023 tras un operativo policial se sentarán en el banquillo la próxima semana, acusados, junto con la sociedad que lo gestionaba, de un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía les considera responsable de dar ocupación laboral en la prostitución a mujeres, algunas sin autorización de trabajo y otras en situación irregular en España.

Por estos hechos, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión para cada uno, además de una multa de 3.000 euros, mientras que para la sociedad pide la suspensión de actividad por espacio de cinco años.

Además, incluye una indemnización a la Tesorería de la Seguridad Social, a hacer frente de forma solidaria y conjunta por los acusados correspondientes a las cuotas impagadas.

Los hechos que dieron lugar al procedimiento tuvieron lugar en febrero de 2023. En esa fecha, se llevó a cabo una inspección conjunta entre la Ucrif de la Policía Nacional y la Inspección laboral en la que se detectó que había diez mujeres que ejercían labores de alterne sin haber sido dadas de alta, cuatro además sin autorización de trabajo y tres en situación en irregular. Según el escrito fiscal, las identificadas de nacionalidad colombiana, brasileña, venezolana o paraguaya, además de europea, tenían horarios diferentes que comenzaban entre las nueve y las diez de la tarde hasta las cinco o las seis de la mañana, cobrando un porcentaje por cada copa que vendían a los clientes de entre 20 o 30 euros.

En agosto de ese mismo años, la Fiscalía sostiene que los tres acusados, a través de la sociedad, dieron ocupación laboral en el alterne a nueve ciudadanas extranjeras sin darlas de alta y de las que una se encontraba en situación irregular y cinco carecían de autorización para trabajar en territorio nacional. Como consecuencia de dicha inspección se abrieron dos actas de infracción a la empresa imponiéndose una multa de 40.004 euros. En septiembre se adoptó la medida cautelar de cierre hasta el 15 de marzo del año pasado, ya que los propietarios del chalé interpusieron una demanda de desahucio contra el administrador de la sociedad por falta de pago.