Los juzgados vigueses obligan a la Xunta a pagar la Ley de Dependencia

VIGO

Los Contenciosos resuelven decenas de recursos y Bienestar avisa que sólo abonará las reclamaciones judicializadas

a.j.pastor. vigo apastor@atlantico.net

Publicado: 17 may 2015 - 10:53 Actualizado: 18 may 2015 - 13:05

Una treintena de demandas de dependientes están activas en los juzgados de lo Contencioso por impago de las ayudas.
Una treintena de demandas de dependientes están activas en los juzgados de lo Contencioso por impago de las ayudas.

De "inadmisible" y prolongando durante un tiempo "exorbitante" califica el Contencioso número 1 de Vigo en sentencia la inactividad de la Xunta en la aprobación del Programa Individual de Atención (Ley de Dependencia) en uno de los últimos recursos resueltos. El fallo, que obliga a la Administración autonómica a pagar de inmediato a la recurrente los 25.350 euros que le adeuda desde 2009 hasta la actualidad, recuerda que "la falta de aprobación del Programa Individual de Atención no debe privar al dependiente de todas las prestaciones y servicios ya reconocidos".

Este es sólo uno de los numerosos casos que se dirimen en los dos juzgados de lo Contencioso a los que acuden los dependientes que no han recibido las prestaciones incluidas en la ley.

"En la actualidad hay ya muchas demandas en el juzgado, dado que sólo las que se reclamen judicialmente serán abonadas", explica Susana Sotelino, una abogada viguesa que lleva varios casos, quien matiza que "aunque se reclame por escrito vía administrativa ante la Xunta a Traballo y Bienestar, no se procede al abono, ni se contesta alegando silencio administrativo".

El problema al que se enfrentan los dependientes afectados por el impago de las ayudas es que cuando acuden a preguntar personalmente no se les indica la vía a reclamar. "Si pasan los plazos de prescripción y no se ha reclamado antes, las cantidades no abonadas pueden llegar a prescribir y no se podrán cobrar", asegura.

La mayoría de prestaciones que se están reclamando fueron concedidas desde el 2010 en adelante, a razón de unos 400-500 euros al mes y la media de las reclamaciones oscila entre los 20.000 y 30.000 euros.n

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