Bienestar comienza a llamar a los afectados para negociar

El proceso judicial es un procedimiento abreviado contencioso administrativo con una reclamación previa administrativa. "El problema es que una vez reconocidas las prestaciones, que suelen ir desde los 300 a los 600 euros al mes, y no se abonan, se debe hacer una reclamación previa ante la Xunta", afirma el letrado Miguel Freire, que también representa a varios demandantes. "Generalmente no contestan de forma expresa por lo que, pasado el plazo, se considera silencio administrativo y se puede iniciar la vía judicial", asegura.

Freire admite que a raíz de las reclamaciones la Xunta "está empezando a llamar a dependientes y a sus guardadores legales a fin de ofrecerles acuerdos de pago en cantidades menores a las reconocidas u ofreciendo otro tipo de servicios como ayuda domiciliaria".

Hasta ahora las resoluciones judiciales de los dos Contenciosos de Vigo son favorables a los recurrentes "al estar acreditado que las prestaciones están reconocidas".n