Un juzgado de Vigo deja sin efecto la multa de la Seguridad Social a un club de alterne de Peinador

El periplo judicial de los propietarios del Hotel Club Peinador, de Mos, conocido como la T4, sigue teniendo recorrido. En 2023, el Supremo confirmaba una pena de un año de prisión y el pago de más de 28.000 euros a la Seguridad Social por un delito contra los derechos de los trabajadores por no tener dadas de alta a 26 trabajadoras extranjeras, después de prosperar un recurso contra la absolución de la Audiencia.

Ahora, por vía laboral, la empresa dueña del establecimiento ha conseguido que un juzgado de lo Social de Vigo anule la multa que la Seguridad le impuso el año pasado por no tener contratadas a 15 mujeres, la mayoría también extranjeras. En concreto, la inspección se realizó junto con la Ucrif de la Policía Nacional hace un año y se levantó acta de infracción por cada una de las citadas por falta de alta y cotización a la Seguridad Social, en total se les obligaba a pagar 84.375 euros por 15 faltas graves.

El juez señala que sobre las actividades de alterne y prostitución la jurisprudencia viene considerando que mientras la primera sí puede ser objeto de contratación, niega la posibilidad de que exista relación laboral entre quien facilita un local para ejercer la prostitución y quien la ejerce.

De esta forma, señala, que si bien la prostitución no está penalizada para quien la ejerce sí es actividad ilegal para que se lucre con la misma explotando a la persona que la ejerce, por lo que queda excluida la posibilidad de contratación y añade que “repugna el más mínimo sentido ético, e incluso jurídico, que pueda ser objeto de contratación una actividad centrada en un tema como la sexualidad que afecta a la libérrima voluntad de las personas”. Alude como pruebas de que no solo era alterne la actividad de las mujeres, a sus propias declaraciones y a que solo se inspeccionó la parte del bar y no de las habitaciones.

Aplazan el jucio del Hot

Precisamente ayer, los responsables de otro club de alterne, el Hot Vigo, en Castrelos, tenían que sentarse en el banquillo de la Audiencia por un delito contra los derechos de los trabajadores por no dar de alta a las mujeres. La vista, finalmente, quedó aplazada a octubre por la baja de un abogado.