El juez alega falta de competencia para dar el ‘caso Déborah’ a la UCO

Las pretensiones de la familia de la joven viguesa Déborah Fernández, hallada muerta en una cuneta en O Rosal en 2002, de iniciar una nueva investigación con el traspaso de las actuaciones a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se quedan de momento sin respuesta favorable. Una providencia del titular de la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tui decreta que no tiene la competencia para atribuir la investigación a uno u otro cuerpo policial, dado que ya se había acordado previamente encomendar a la Policía Nacional la realización de investigación de del delito.

No obstante, señala, que “todo ello se entiende sin perjuicio de la eventual colaboración entre las distintas fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado” a la que no se opone.

En la resolución, breve y escueta, el instructor no especifica de quién sería la competencia para el traslado de la investigación, teniendo en cuenta que, pese a que sostiene que se había acordado previamente encomendar a la Policía Nacional la investigación del delito en el marco de las competencias propias del órgano instructor, dicha investigación de la Policía se inició respecto a la desaparición de la joven y por un juzgado de Vigo. Sin embargo, cuando días después apareció el cadáver, las diligencias iniciales las llevó a cabo la Guardia Civil con inhibición del entonces juzgado de Instrucción 2 de Vigo al de Tui, por ser el partido judicial en cuya jurisdicción se produzco el hallazgo, concretamente en O Rosal.

La causa fue archivada provisionalmente en 2024, después de cinco años tras su apertura, al no haber conseguido reunir indicios “contundentes e irrefutables” para hacer una imputación verosímil de un hecho delictivo concreto a la única persona que fue investigada en ese periodo, el exnovio de la joven.

La familia de la joven, a pesar del sobreseimiento judicial, no ha abandonado la lucha para saber lo que ocurrió, aunque de una forma discreta junto con su equipo de abogados.

La reciente resolución del crimen de Francisca Cadenas en Badajoz por parte del equipo de elite de la UCO de la Guardia Civil dio pie a intentarlo de nuevo con una investigación desde cero tras detectarse irregularidades en el trabajo policial, que impidieron conocer qué pasó con el disco duro de la ordenador, las llamadas del móvil y el propio teléfono, encontrado años después sin tarjeta SIM.

Una cuestión poco habitual pero con precedentes: el crimen de Lucía Garrido

El juez instructor de Tui considera que no es su competencia atribuir a otro cuerpo policial la investigación. Sin embargo, existen precedentes en este sentido. El más mediático fue el caso del crimen de Lucía Garrido, asesinada brutalmente en su piscina de Alhaurín de la Torre en 2008 en Alhaurín de la Torre. En 2012, la jueza instructora ordenaba la reapertura de la causa, archivada en 2009, tras nuevas pruebas presentadas por la acusación particular y acordaba que la nueva investigación pasara a manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, después de que lo hubiera llevado la Guardia Civil. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 283 especifica que quienes constituyen la Policía Judicial están obligados a seguir las instrucciones de las autoridades judiciales y fiscales.

Otras familias, como la de Déborah, han intentado conseguir que la UCO de la Guardia Civil pueda hacerse cargo de las investigaciones sobre muertes violentas o desapariciones.

La de Marta del Castillo fue una de ellas. En su caso, la respuesta por negativa debido por un lado a que el caso ya está juzgado y con un culpable condenado y por otro a que la jurisdicción, según la propia normativa de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, corresponde, al ocurrir los hechos en Sevilla capital, a la Policía Nacional.

En el caso de Déborah Fernández sigue sin esclarecerse a quién compete la investigación. El instructor de Tui tampoco desvela quién debería decidir sobre un posible cambio aunque abre la puerta a una colaboración entre Policía y Guardia Civil.

La decisión judicial permite la presentación de un recurso

La providencia judicial, notificada ayer, puede ser recurrida. El equipo legal de la familia de Déborah, que presentó la petición, tiene tres días para interponer recurso de reforma, aunque por el momento se desconoce si tomarán o no esta decisión.

La reactivación de uno de los crímenes más inexplicables por resolver en Vigo parece compleja. La hermana de Déborah, Rosa Fernández, consideraba que iniciar una nueva investigación desde cero por parte de la UCO no era un favor sino una cuestión de responsabilidad y aludía, tras presentar el escrito en el Tribunal de Instancia, a la anomalía que se había registrado en el caso de su hermana y que había marcado su destino. Desde 2002, la familia de la joven viguesa no ha parado en su empeño de saber qué le ocurrió a Déborah. La joven salió de casa un 30 de abril de 2002 a correr por Samil y nunca regresó. Diez días después, su cuerpo fue hallado en una cuneta, en la carretera entre Baiona y A Guarda, en Portocelo (O Rosal). Estaba desnudo. La Policía determinó que el escenario fue colocado con pistas falsas, pero ese atestado, el más completo, de 2010, no fue tenido en cuenta.