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Las reformas legales previstas por el Ministerio de Justicia respecto al acceso a las carreras judicial y fiscal y al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal derivaron este miércoles en la primera movilización de jueces y fiscales en la Cidade da Xustiza. Alrededor de cuarenta miembros de la judicatura y la Fiscalía de Vigo se sumaron al paro de diez minutos convocado a nivel nacional por varias asociaciones profesionales, durante el que alertaron del riesgo que corre la independencia judicial. En un comunicado, suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), los asistentes pidieron la retirada de ambos proyectos advirtiendo de que en caso contrario no descartarían la adopción de medidas más intensas como la huelga.
Los magistrados Ana Araceli Muñoz (APM), Alejandro Couselo (Francisco de Vitoria) y Marisol López (Foro Judicial Independiente) fueron los encargados de leer el manifiesto. Según desgranaron, el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal “no responde a demanda social alguna” y “ha recibido un informe técnico muy crítico por parte del Consejo General del Poder Judicial”. Esta reforma prevé regularizar a cientos de jueces y fiscales sustitutos además de crear un centro de preparación de opositores. De esta forma, afirmaron, “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Señalan, que la regularización de sustitutos se hará sin las debidas garantías de “mérito, capacidad e igualdad”, lo que supondrá un “riesgo de politización de la carrera judicial y fiscal”. Pero además, “se pretende aumentar las competencias del Fiscal General del Estado quien seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que incrementará aún más si cabe, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.
La movilización en el caso de Vigo sirvió además para refrendar la petición unánime de que el Gobierno dé marcha atrás y mantenga los ocho juzgados de Instrucción, además de crear una segunda sección de Violencia sobre la Mujer. Así lo aseguraron los representantes de las asociaciones al final del comunicado, en el que hicieron hincapié en que “no olvidamos que seguimos reclamando más plazas judiciales en Vigo” y argumentaron que la decisión adoptada respecto a Instrucción es errónea atendiendo no solo a la carga de asuntos, sino también a la complejidad de los casos de los que se hacen cargo estos juzgados.
Pero al mismo tiempo, consideraron necesario la nueva sección de Violencia sobre la Mujer con otra plaza de magistrado y fiscal. De esta forma, el primer parón sirvió también para unirse a la batalla iniciada por la ciudad en favor de las dotaciones judiciales.
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