La proliferación de pisos turísticos en Vigo obliga a intensificar su control policial

El trabajo de vigilancia policial sobre hoteles y hospedajes en la ciudad se ha multiplicado con el desmesurado incremento de viviendas de uso de turístico, que desde el año de la pandemia se han multiplicado por tres y cuya oferta se activa en épocas de especial demanda, como la navideña. Estas inspecciones periódicas van dirigidas en el caso de la Policía Nacional a controlar el registro de viajeros y supone una herramienta muy eficaz no solo contra la amenaza terrorista (que ha reforzado su nivel cuatro desde la guerra en Israel) sino también contra la estancia de miembros o bandas de delincuentes que llegan camuflados de turistas tratando de esquivar a las fuerzas de Seguridad.

Según fuentes policiales, esta labor se realiza también en colaboración con la Policía Local, cuyos agentes se encargan de otros aspectos administrativos sobre el funcionamiento del establecimiento ya sea vivienda turística, hostal, hotel o pensión.

Precisamente el desalojo y precinto de dos inmuebles en la calle Fisterra la semana pasada, destapó la existencia en dichos edificios de pensiones ilegales, no autorizadas. Detectar su presencia es complejo, pues se camuflan en bloques de viviendas residenciales y solo la denuncia de particulares pueden llevar a destaparlos aunque probar dicho funcionamiento irregular ya es otra cosa. La mayoría de los inquilinos ni están registrados ni tampoco sus cobros, que se hacen en mano, como relataba a este diario una de las usuarias que aseguraba pagar 250 euros cada mes por una de las habitaciones.

Poder mantener un control sobre todos los establecimientos que acogen visitantes no es tarea fácil, teniendo en cuenta que Vigo se ha convertido en un destino turístico cada vez más desestacionalizado, con una campaña de verano que se alarga hasta octubre y la de Navidad desde finales de noviembre a mediados de enero. La Comisaría llegó a detectar en épocas de mayor afluencia, hasta un 30% de pisos turísticos que eludían la obligación de entregar las fichas de clientes. Dicha obligación requiere a los propietarios que identifiquen y entreguen la lista de entrada de viajeros, “fichas policiales” dentro de las 24 horas siguientes a su llegada, bajo multas que van desde los 600 a los 30.000 euros.