Los impagos de alquiler en Vigo obligan incluso a los desahucios de oficinas

La prórroga del escudo social para evitar el desahucio de colectivos vulnerables así como la Ley de Vivienda no han frenado las demandas de desalojo que llegan hasta los juzgados de Vigo y que se dividen entre impagos de alquiler de viviendas y también de locales en su mayoría. En el primer semestre del año, la cifra alcanzó las 200, un número muy superior al del mismo periodo en 2023, cuando fueron 139, por culpa de la huelga de letrados. No obstante fuera ya de dicho paro los números volvieron a ser mayores que los del año pasado. Según los datos de la Oficina de Notificaciones, de abril a junio, fueron 109 los desahucios ingresados frente a 93.

Sin embargo, frente al incremento de peticiones, hubo un descenso de los desahucios que finalmente se ejecutan, 114 frente a 140 en el trimestre de un año y otro.

La media sigue siendo alta, con unas 33 demandas al mes, porque además de inquilinos que no pueden hacer frente a la renta, incluso por habitaciones, se encuentran negocios que acumulan deudas de impago por utilizar el local en el que se asientan.

Desde el servicio judicial aseguran que en lo que va de año se han ejecutado desahucios en distintos establecimientos, desde cafeterías a panaderías e incluso oficinas en las que los trabajadores seguían trabajando al no haber sido informados por el responsable de la notificación del juzgado.

A pesar de que los precios de los alquileres de locales se han estabilizado este año e incluso, en algunas zonas, hasta se han reducido ligeramente, según el Observatorio Inmobiliario de Galicia de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, las dificultades para hacer frente a los pagos siguen siendo una realidad.

Habitualmente, cuando la comisión judicial acude a estos inmuebles, la actividad comercial ya ha cesado o se ha trasladado, pero no siempre es así, lo que supone un mal trago para los funcionarios que tienen que ejecutar la orden dictada por el juzgado.

Menos embargos ejecutados desde abril

Las dificultades económicas de los hogares y empresas no solo se ven reflejadas en las demandas de desahucio, sino también en las órdenes de embargos de bienes. Durante el último trimestre (el que se puede comparar con el año anterior al no haber sesgos con la huelga pasada) se ingresaron menos que en el mismo periodo de 2023 y también fueron ejecutados una cifra menor.

En concreto, la estadística que maneja la Oficina de Notificaciones señala que de abril a mayo se recibieron un total de 75, frente a los 104 de 2023, mientras que se ejecutaron 86 frente a los 127 del año anterior.

Respecto a desahucios de okupas apenas se llevaron a cabo, aunque sí se tenía una orden de desalojo de uno de los inmuebles junto al que ardió hace unos días entre Travesía y Teis, sin embargo, quedó paralizado debido a que la Policía Nacional precintó el edificio, dañado por el fuego y en vías de una investigación para esclarecer las causas del fuego. Según los vecinos, el lugar que fue pasto de las llamas era un auténtico supermercado de la droga.