Vigo registró durante 2023 la cifra más baja de desahucios al menos en 15 años. El balance de la Oficina de Notificaciones y Embargos de los juzgados cifra en 270 las órdenes de desalojo, la gran mayoría contra inquilinos morosos, ingresadas a lo largo del año pasado, lo que supone un 32,8% menos que en 2022, cuando todavía había una media de un lanzamiento al día.
El desplome de desahucios coincide con la nueva Ley de Vivienda y la ampliación del escudo social. Desde la oficina judicial admiten desconocer los motivos de este récord a la baja aunque no descartan la influencia de la normativa, al ampliar el supuesto de vulnerabilidad, e incluso al hecho de que pudiera haber propietarios que, ante los nuevos requisitos, hayan optado por vivienda turística en lugar del alquiler. El letrado de la administración de Justicia, Fernando Varela, encargado de este servicio señala que en el primer trimestre del año se ingresaron menos de la mitad de lanzamientos debido a la huelga de este cuerpo profesional que paralizó los juzgados, sin embargo, “en los trimestres posteriores se mantuvo una cifra más baja en lugar de aumentar”.
De hecho, en el último periodo de 2023, de septiembre a diciembre, solo se ingresaron 78 órdenes de desahucio, frente a las 94 recibidas en ese mismo trimestre del año anterior.
Aunque la gran parte de las demandas para el lanzamiento por impago van referidas a inquilinos de viviendas que deben cuota, desde hace unos años también se dan casos de negocios y locales comerciales, que, ahogados por las deudas dejan de pagar la renta al propietario. Respecto a los desalojos ejecutados, la diferencia con los ingresados es apenas notable, explica el letrado judicial, mientras resalta que el porcentaje referido a okupas es muy pequeño. Apenas se han registrado tres o cuatro casos al año. El último lugar las pasadas Navidades cuando en el desahucio de una vivienda por impago de alquiler, los funcionarios se encontraron con que había sido okupada.
La caída también afecta a los embargos por impagos
La tendencia a la baja de los desahucios, aunque no tan pronunciada como la del año pasado, se mantiene desde antes de la pandemia (hace una década había una media de dos desalojos al día). Con los embargos, la situación era diferente, registrándose fluctuaciones de subidas y descenso. No obstante, 2023 también acabó con una bajada de retención judicial de bienes para hacer frente a las deudas de algo más de un 26%.
En cifras absolutas, la Oficina de Notificaciones ingresó un total de 294 órdenes de embargo, frente a las 398 del año anterior, un ejercicio en el que se notó el encarecimiento de la electricidad o la cesta de la compra.
El trimestre con las peores cifras fue el segundo del año. De abril a junio hubo 104 resoluciones de embargo, más incluso que en el mismo periodo del año anterior, con 97. Sin embargo, a partir de esa fecha hubo un importante descenso, principalmente en los meses del verano.
Al igual que ocurrió con los lanzamientos, la huelga de letrados judiciales en el primer trimestre influyó directamente en la recepción de menos procedimientos relativos a los bienes de deudores. La paralización casi total de los juzgados dejó de enero a marzo solo 50 notificaciones, frente a las 132 del mismo periodo de 2022, registrándose con posterioridad una ligera subida, al retomarse la actividad con el fin de los paros.
Los funcionarios encargados de notificar estas resoluciones pudieron realizar su labor en el partido judicial sin incidentes. En los desahucios, solo en un par de ocasiones se tuvo que dar aviso a la Policía, mientras que varios fueron paralizados.
La subida del euríbor tendrá efectos en un par de años
El hecho de que el porcentaje de desahucios por impago de hipotecas sea inferior al de alquileres tiene también que ver con que se trata de procedimientos más largos con lo que los ejecutados en 2023 vienen de años atrás. Así, la subida del euríbor podría tener efectos en los lanzamientos que lleguen de los juzgados en un par de años, con lo que la balanza podría equilibrarse un poco más con los impagos de alquileres, si sigue la tendencia del mercado, con déficit de inmuebles ofertados para su arrendamiento.
