La huelga de letrados judiciales en Vigo ya deja a decenas de víctimas sin indemnizar
También se ha parado el pago de pensiones a hijos menores, las multas o los cobros de acreedores por embargos. Abogados y procuradores alertan de la gravedad de la situación
La herida abierta por el conflicto que mantienen los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) con el Ministerio comienza a ser profunda. En Vigo, ya son decenas las víctimas de delitos que no pueden cobrar las indemnizaciones pese a estar consignadas en las cuentas de los juzgados. No son los únicos ciudadanos afectados por este paro, que ayer alcanzó su séptimo día incrementando su seguimiento. También el pago de pensiones a hijos menores, las multas o los cobros de acreedores por embargos están congelados pues la orden de ingreso depende directamente de estos profesionales. Reclaman la adecuación salarial comprometida por Justicia acorde con la suma de atribuciones con las reformas legales.
A día de hoy, son más del 50% los letrados judiciales vigueses que secundan la huelga, convocada a nivel nacional y a la que se sumaron los LAJ del Tribunal Supremo.
Según explicaba ayer el delegado de una de las asociaciones convocantes UPSJ y miembro del comité, el letrado judicial de Penal 1 de Vigo, Juan Yáñez, “las consecuencias para los ciudadanos nos preocupan mucho porque son muy graves” de ahí que lamentara la postura del Ministerio de Justicia que sigue sin llamar a negociar “agravando el conflicto”.
Ayer mismo, los letrados judiciales mantenían una asamblea en Vigo, que no hizo sino reafirmar la intención de mantenerse firmes en sus reivindicaciones y que estuvo precedida con una reunión con los decanos del Colegio de Abogados y Procuradores. Según Yáñez, “entienden nuestra situación por lo que le hemos pedido que exijan una solución al conflicto porque sus clientes ya se están viendo afectados”.
Los letrados mostraban ayer su preocupación por un conflicto, que, de alargarse podría afectarles a ellos directamente. “Este año, Navidades se declaró periodo inhábil, por lo tanto, el juzgado ya no tramitó demandas ni siguió procedimientos y ahora la huelga impide que estos avancen y que los clientes piensen que somos los letrados los que no nos preocupamos por sus asuntos”, explica la abogada Patricia Comesaña quien incide en que “sin embargo, los letrados si no tenemos sentencias no cobramos el procedimiento completo”. Añade que con los desahucios pasa lo mismo “el demandado solicita abogado de oficio, que se retrasa y los inquilinos tienen menores a su cargo y alegan vulnerabilidad hasta que la asistenta social les encuentra una nueva vivienda no hay posibilidades de lanzamiento”.
Ayer mismo, Josefina Barros, también abogada viguesa, tenía una videoconferencia con su cliente desde Madrid, pero debido a la huelga “tuvo que volver al trabajo después de perder casi toda la mañana con su asunto judicial sin resolver y sin fecha concreta para hacerlo”. Este es solo un ejemplo de que “este paro no solo nos afecta a nosotros sino también a los ciudadanos, porque muchos juicios y comparecencias, entre otras diligencias se están suspendiendo lo que supone pérdida de tiempo y de dinero para el que deja de trabajar”. La incidencia en la suspensión de juicios se sitúa ya en una media de entre 50 y 60 cada día.
El temor de los operadores jurídicos es que de mantenerse enquistado el conflicto este acabe con un parón similar al provocado por la peor huelga sufrida hasta la fecha en los juzgados de Vigo, la de funcionarios de 2018, cuyas consecuencias todavía se arrastran a día de hoy. “Creo que es importante que la solución llegue pronto, porque según nos han comentado es posible que de alargarse el paro haya más letrados judiciales que se sumen a la huelga y si se prolonga volveríamos a revivir lo ocurrido hace cinco años, ya que el papel de este cuerpo es fundamental”, señala la abogada Lía Fragueiro.
Las movilizaciones están generando retrasos en todo tipo de procedimientos, también en investigaciones penales de causas que lograron reabrirse tras años de archivo, como las investigaciones de los crímenes de Manuel Salgado en un garaje de Rosalía de Castro en 2004 y el de la joven Déborah Fernández, de 2002, de nuevo paradas. Ramón Pérez Amoedo, personado en ambas causas, afirma que “las reivindicaciones de los LAJ son justas” y reconoce que “el paro nos afecta a todos. El número de notificaciones de los juzgados ha disminuido y lo peor es la incertidumbre que genera esta situación, porque los clientes ya preguntan cuánto va a durar " .
Movilización en Santiago y reunión con Xustiza
Entre las medidas acordadas ayer en la asamblea, a la que acudieron más de una quincena de letrados judiciales, se encuentra la de una movilización en Santiago, con el resto de compañeros de Galicia y una reunión con la dirección xeral de Xustiza. El comité de huelga, que ha agradecido el apoyo recibido de todos los colectivos jurídicos, informó ayer de un incremento en el seguimiento y lamentó los ataques por parte del Secretario de Estado.
La propia Audiencia viguesa, que ayer estrenaba sala en la Cidade da Xustiza, suspendió juicio.
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