Más presión por rescatar la AP-9 en víspera del fin del plazo

La situación de la AP-9 afronta horas decisivas ante el fin del plazo fijado por la Comisión Europea para que el Gobierno resuelva las irregularidades detectadas en la prórroga de la concesión de esta autopista, que la mantiene en manos privadas hasta 2048. De no hacerlo, Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este contexto, las reclamaciones políticas por la gratuidad de la vía se intensificaron este martes en la víspera de esta fecha límite. El alcalde Abel Caballero hizo pública su petición de liberar de peajes todo el recorrido, desde Tui hasta Ferrol. Señaló que los gallegos siguen abonando el peaje “debido a aquel disparate de Aznar”, en alusión a la decisión del Gobierno del ‘popular’ de ampliar la concesión a Audasa hasta mediados de siglo. Caballero advirtió de que esa prórroga “puede acabar siendo ilegal” y defendió que llegó el momento de revertir la situación.

Posible eliminación de peajes progresiva

El regidor matizó, no obstante, que si la eliminación de los peajes se aplicase de manera progresiva, la prioridad debe ser el tramo entre Vigo y Pontevedra. Argumentó que ambas ciudades configuran un área urbana de alrededor de medio millón de habitantes, con relaciones económicas, sociales e industriales cotidianas, lo que convierte ese trayecto en el más utilizado y, a su juicio, en el que antes debería beneficiarse de la medida.

Caballero se sumó de este modo a la reclamación expresada en las últimas horas por el secretario general del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro. El dirigente socialista subrayó que el vencimiento del plazo dado por Bruselas representa una oportunidad para cambiar el marco en que se encuentra la autopista. Recientemente, el Parlamento Gallego reclamó el rescate y la transferencia de la autopista con la abstención del BNG.

El recordatorio del calendario europeo añade presión a un debate que se arrastra desde hace tiempo. En julio, la Comisión Europea trasladó un ultimátum al Ejecutivo para que corrigiera las irregularidades en la prórroga de las concesiones de la AP-9 y la AP-66. Bruselas sostiene que esas decisiones vulneraron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones de autopistas. El plazo de dos meses expira ahora, y si no hay cambios, los servicios comunitarios podrán presentar el caso ante el TJUE.

Respuesta del Gobierno sobre la AP-9

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la AP-9 “está en la vía de la gratuidad”. A menos de 24 horas de que termine el plazo marcado por la Comisión, defendió que el objetivo último es que los conductores circulen sin pagar peaje, al margen de la fórmula administrativa que se adopte para la titularidad de la autopista. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró este martes en Vigo que fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que “inició el camino de la gratuidad” de la AP-9. Explicó que, aunque se plantee un eventual rescate por parte del Estado o una transferencia a la Xunta, ninguna de esas medidas garantiza automáticamente la gratuidad de la vía. “A los usuarios lo que les interesa es circular de forma gratuita, no de quién es la titularidad”, señaló.

Blanco recordó que en los últimos años se puso en marcha un sistema de bonificaciones “nunca visto”. Subrayó que ese plan fue impulsado por el actual Gobierno y reiteró que el debate sobre el futuro de la concesión sigue “encima de la mesa”, pendiente de lo que pueda ocurrir tras el vencimiento del plazo.