Europa declara ilegal la prórroga de la AP-9 y exige medidas al Gobierno

Revés para la concesionaria Audasa desde Europa. La Comisión Europea envió un dictamen al Gobierno donde confirma las irregularidades de la prórroga de la autopista AP-9 en el año 2000, ejecutada por el Partido Popular de José María Aznar, y lo insta a tomar medidas de carácter urgente. Esta resolución responde a la denuncia presentada por la agrupación de usuarios vigueses En-Colectivo en 2019 y que, a ojos de la comisión, la prórroga llevada a cabo vulnera las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de la concesión de autopistas. Ahora, esta ordenanza obliga a mover ficha al Gobierno actual, pese a que haya sido de otro color el causante de la prórroga ilegal, y advierte que de no resolverse en un plazo inferior a dos meses los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la resolución.

España amplió la duración de las concesiones de la conocida como Autopista del Atlántico por un periodo de 25 años para posteriormente adjudicar la concesión "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso" en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria, según describe el Ejecutivo comunitario. Actualmente, está gestionada por la empresa privada Audasa, que pertenece al grupo Itínere, mediante una concesión que, tras varias prórrogas, se extiende hasta 2048.

Esta resolución da un paso adelante para conseguir la gratuidad de la AP-9, premisa que ha sido solicitada tanto por el Concello como por la Xunta y por diferentes colectivos sociales de Vigo y Galicia. “Defiendo la gratuidad total de la AP-9 desde Tui hasta Ferrol. Tiene que ser gratis. Un inmenso error de Aznar que estamos pagando de nuestro bolsillo toda Galicia”, señaló el alcalde, Abel Caballero. Una decisión que fue recibida de forma positiva por el PSdeG al entender que ahora se podrá determinar el coste del rescate de manera fehaciente y no con un baile de cifras propuestas por Audasa. También celebró el dictamen el BNG y exigió al Gobierno que declare de forma inminente nula la concesión y que proceda a liberar la AP-9 de los peajes. Una medida que ya acordó el partido nacionalista con el PSOE para dar su apoyo al gobierno de coalición.

Por su parte, el Gobierno indicó en un comunicado que esta decisión por parte de la Comisión Europa no supone el final de la prórroga de manera instantánea ni el cierre del procedimiento y que analizarán todas las medidas oportunas, entre las que incluye interponer un recurso en caso de que lo consideren necesario. Asimismo, puso en valor la política de bonificaciones aplicadas para paliar el peaje de la AP-9, una de las pocas autopistas de España con coste para el usuario.

Diego Maraña: “No le queda otra opción que empezar el proceso de anulación”

El vigués Diego Maraña, presidente de la asociación de consumidores En-Colectivo, recibió la resolución de una forma “muy positiva”, más aún cuando desde la organización tenían ciertas dudas sobre la proliferación de la denuncia tras el cambio de Gobierno en la Comisión Europea. “Teníamos la esperanza de que se diese así porque jurídicamente hablando tenía que ser. Muchos frentes esperaban esa decisión”, señaló el presidente de En-Colectivo.

El dictamen tendrá carácter de obligado cumplimiento, una medida que, según Maraña, eliminará la voluntad política de los partidos y se centrará en una exigencia firme dictada desde Europa para conseguir la gratuidad de la AP-9: “No podemos permitir que se siga con una postura que conlleva el incumplimiento de una normativa y una ilegalidad de una autopista ilegal. Yo creo que ya está bien”.

Los próximos pasos, si no prospera el recurso por parte del Gobierno si lo hubiese, será acordar la indemnización pertinente a la empresa concesionaria para la anulación de esa prórroga ilegal, pero no será decidida por Audasa ni por el Gobierno sino “mediante un juez, que determine basándose en lo que se ha percibido hasta la fecha y cuál sería la indemnización antes de dejar de explotar la autopista”.

No obstante, Maraña no valora el posible coste, sino que, a su juicio, da un “espaldarazo rotundo” a su causa y califica de “escándalo jurídico” la actuación de una empresa concesionaria que “lleva recibiendo dividendos en beneficios que no le corresponden”. Además, la cuantía que será impuesta por un juez, según Maraña, será más económica para el Gobierno que las bonificaciones para el retorno y los peajes en la sombra.