El estafador de las reformas en Vigo y su área se enfrenta a una nueva condena

Con al menos once denuncias a sus espaldas en Vigo y su área y una condena firme de un año y medio de cárcel, el constructor Víctor A. se enfrenta a un nuevo juicio. La Fiscalía solicita para el constructor una pena de dos años de cárcel y el pago de 3.025 euros así como la cantidad que se acredite en la vista por daños y perjuicios.

Los hechos tuvieron lugar en febrero de 2022. Según el escrito fiscal, el acusado mantuvo contacto permanente, tanto personal como telefónico, y a través de whatsapp, con el perjudicado, ya que este estaba interesado en realizar una obra de reforma de su vivienda, en Baiona, que iba a ejecutar con su empresa.

En el curso de dichos contactos, acordaron que el constructor realizara un presupuesto de los trabajos a realizar, respetando las indicaciones de la Consellería de Patrimonio Cultural y los requerimientos del Concello de Baiona, fijando finalmente, a principios de mayo de ese año, un importe de 38.357 euros.

El escrito de acusación sostiene que en el curso de las conversaciones, el contratista indicó al dueño de la obra que había que pagar al aparejador 2.500 euros además del correspondiente IVA, para redactar el proyecto, por lo que el 12 de mayo de 2022, el denunciante realizó una transferencia bancaria por 3.025 euros.

En los días siguientes, la víctima, a quien el Concello le requería la presentación del proyecto para tramitar la licencia, preguntó reiteradamente al acusado, quien primero le decía que estaba con el presupuesto y después del 26 de mayo, solo envío un mensaje de whastapp, que repitió días después, indicando que le llamaría al día siguiente. Pese a ello, continúa el fiscal, y tras haber obtenido el dinero transferido, no volvió a contactar con la víctima, “quedándoselo en su propio beneficio”. El 15 de junio, tras haber remitido un correo el dueño de la obra al acusado para que le devolviera el dinero, al no hacerlo, interpuso denuncia por estos hechos.

Según confirmaron fuentes judiciales, el pasado 13 de septiembre fue citado por el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo para prestar una fianza de 4.000 euros y notificarle la nueva acusación, pero no se presentó. De hecho, había sido detenido por la Guardia Civil días atrás por requerimiento judicial y tiene pendientes varias causas.

“No vamos a parar hasta que pague por lo que nos ha hecho”

El grupo de personas afectadas por el mismo contratista sigue pidiendo Justicia, más de un año después en algunos casos. La viguesa Ana María Alonso, una de las primeras en hacer público su caso tras perder 10.000 euros en una reforma de una casa en Covelo, que nunca se llevó a hacer y que además quedó destrozada, pide celeridad. “Todavía no sabemos cuándo será el juicio, pero aunque pase el tiempo, no olvido”, explica. En su caso, “tuve que afrontar otra nueva inversión para poder arreglar la vivienda y, aunque las esperanzas de poder recuperar el dinero son pocas, tengo claro que no voy a parar hasta que pague ante la Justicia por lo que nos ha hecho".

Tampoco olvidan Maite e Iria, quienes perdieron 6.000 euros que habían ahorrado para arreglar la casa familiar en San Andrés de Comesaña. “Teníamos pensado poder mudarnos allí pero no pudimos, los que nos pasó truncó todos nuestros planes. Nos costó ahorrar el dinero que él se quedó y no hemos podido retomar la obra. Allí se quedaron unos ladrillos tirados”, explica Maite quien afirma que “el grupo de personas afectadas que creamos seguimos en contacto. No pararemos hasta conseguir sentarlo en el banquillo por cada una de las estafas denunciadas”. Aunque hayan pasado los meses “el daño no se olvida, él no ha dado la cara desde que se llevó nuestro dinero, pero sigue haciendo su vida como si nada, mientras ha destrozado a muchas personas”, añade Ana María, dispuesta a seguir sumando fuerzas con otros denunciantes.

En noviembre del año pasado, otra afectada por una reforma en Cangas consiguió la primera condena. Fue en una vista por conformidad, en la que asumió los hechos: se había apropiado de 10.000 euros de adelanto de una obra que no llegó a realizar. El acuerdo incluyó la obligación de pago de la responsabilidad civil y, aunque se le suspendió la ejecución de la pena de prisión durante tres años, quedó supeditada a que hiciera frente a los abonos y a que durante ese periodo no volviera a delinquir.