El empresario coreano niega haber actuado para defraudar

Uno de los juicios más internacionales celebrados en la Audiencia en Vigo finalizó ayer con la declaración del acusado, el empresario coreano responsable del club de golf Ría de Vigo, quien defendió su inocencia frente al relato de la Fiscalia y la Abogacía del Estado que le atribuyen el fraude de casi 1,4 millones de euros en su declaración del IRPF de tres ejercicios fiscales.

Cholmin K. negó haber actuado con la intención de defraudar a Hacienda o siendo consciente de cometer un delito. Así lo contestó a preguntas de su defensa, en una sesión en la que también respondió a la fiscal pero no a la representante de la Agencia Tributaria.

El empresario aseguró que el dinero que recibía de cuentas del extranjero no era suyo sino de las sociedades y que lo destinaba al pago de deudas. Afirmó que él no creó ninguna de las sociedades del supuesto entramado al que alude Hacienda. Negó que hubiera empresas ficticias o pantalla y explicó que algunas se quedaron como activos tras el cambio de la normativa europea sobre pesca, que les impedía seguir funcionando. Asimismo, negó que él personalmente tuviera ninguna empresa en Panamá y que solo gestionaba los pagos de España no de Corea. Respecto al dinero que llegaba afirmó que iba destinado al pago de deudas, y que hizo dichos pagos por “educación porque había gente que tenía empresas, familias y nóminas". También aludió a otros gastos relativos a actividades directamente relacionadas con la empresa vinculadas por ejemplo, a recibir a mandatarios como el ministro de Angola. Sobre el movimiento de las cuentas, señaló que nunca la entidad ni el Banco de España le apercibieron por haber detectado “movimientos irregulares en las cuentas”.

La Fiscalía mantuvo su petición de condena. Consideró que el acusado intentó esconder unas cantidades de dinero importantes que llegaban de sociedades extranjeras a sus cuentas para no pagar el IRPF y aseguró que “hay pasos en los que nos perdemos, no hay trazabilidad en ellos”. Asimismo, señaló que es muy frecuente que sociedades en el extranjero tengan actividad un tiempo y luego se conviertan en sociedades pantalla con activos que se van trasladando. Así, mantuvo su petición de una pena total de diez años de cárcel por tres delitos de fraude fiscal además de una multa de tres millones de euros. Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución.