Desahucios a la baja en Vigo con un desalojo de inquilinos al día

Las demandas por impago de alquiler generan la mayoría de desalojos de pisos y negocios en la ciudad, donde se ejecutaron en 2024 un total de 347. La cifra de desahucios se redujo en medio centenar respecto a 2022 y apenas hubo casos de desalojos de okupas

Las demandas de desalojo por okupación, al mínimo, durante el año pasado.
Las demandas de desalojo por okupación, al mínimo, durante el año pasado.

Los inquilinos que no pueden hacer frente a su cuota mensual siguen siendo los más afectados por las demandas de desahucio en Vigo. El número de desalojos ejecutados durante el año pasado por la Oficina de Notificaciones y Embargos de los juzgados alcanzó los 347, la gran mayoría vinculados al impago de alquileres. La media de lanzamientos, teniendo en cuenta que los fines de semana no se llevan a cabo, se situaría en más de uno al día en la ciudad.

No obstante la estadística de desahucios ejecutados es variable y depende del trabajo de la oficina, si los funcionarios pueden llevarlo a cabo con un solo señalamiento, si el desalojo se paraliza, etc. Donde no hay trampa ni cartón es en la cifra de demandas para desalojo que llegan a los juzgados y esta, muy similar a la de ejecutados (344) da buena cuenta de que este tipo de procedimientos va a la baja, aunque no cesa.

Comparando la situación de 2024 con la del año anterior, a nivel global el último ejercicio fue peor, pero en él influyó directamente la huelga de letrados de la Administración de Justicia de 2023 que paralizó la actividad durante tres meses. Eso hizo que se finalizara ese año con un total de 287 desahucios ejecutados y 270 tramitados.

Si se compara con lo ocurrido en 2022, las cifras mejoran, ya que ese año se recibieron 401 demandas para desalojar a morosos y se ejecutaron 391, es decir casi medio centenar más que en 2024, con la aplicación de la Ley de la Vivienda.

En el último trimestre del año pasado, los juzgados de Primera Instancia acordaron el desalojo de 74 inmuebles mientras que el mismo periodo de 2023 (ya superada la huelga) fueron 78, es decir una reducción apenas imperceptible, pero a la baja desde 2022, cuando en ese mismo periodo se recibieron 94 órdenes para desalojo de viviendas y negocios. 

Fuentes de la Oficina de los juzgados aseguran que sigue siendo mucho menor el número de desahucios por impago de hipotecas, una tendencia a la baja desde la crisis del ladrillo. Por contra, el alquiler coge carrerilla, afectando no solo a domicilios sino también a negocios. Las mismas fuentes aseguran que en el caso empresarial, una buena parte se refiere a la hostelería, aunque este año también se ha ejecutado el lanzamiento en una panadería, por ejemplo.

Durante 2024, además, se registraron muy pocos desahucios con incidentes. La mayoría de los afectados ya abandonan la propiedad una vez se lo notifica el juzgado, aseguran las mismas fuentes. Tampoco se dieron apenas casos de okupación. En el último trimestre, solo hubo uno, y en todo el año 2024 una ocasión en la que tuvo que acudir la Policía, sin llegar a intervenir porque los moradores se fueron sin oponer resistencia. 

El tema que genera más demandas son referentes a impagos procedentes de un inmueble tras una herencia, mientras que de habitaciones en la última recta del año no se registró ningún desalojo. El estancamiento en la venta de inmuebles en los últimos años fue el detonante de que la balanza se girase hace los alquileres. Sin embargo, dichas ventas comenzaron a reponerse el año pasado y se espera un impulso gracias a la bajada de los tipos de interés.

Los juzgados ejecutaron 80 embargos de bienes y efectos de valor en tres meses

Las deudas no solo se refieren a los impagos de vivienda. Empresas que no pagan a proveedores, préstamos, deudas de sociedades… Y ahí es donde los juzgados de Primera Instancia tramitan las ejecuciones de embargos de bienes y efectos de valor con los que conseguir líquido para poder saldar dichas deudas, mediante subasta pública. Solo durante el último trimestre del año, se ejecutaron 80 órdenes de embargo, en su mayoría bienes inmuebles y se tramitaron 77 demandas para llevarlas a efecto. La cifra de las resoluciones ingresadas en la Oficina de Notificaciones es similar en el periodo a la de 2023, aunque entonces se ejecutaron muchas más, casi el doble, con un total de 141. De nuevo, hay que recordar que ese ejercicio fue excepcional por el paro de letrados judiciales que dejó miles de notificaciones en espera. 

El trabajo con posterioridad se reactivo para poder salida a todo lo pendiente, conseguiiendo finalizar el año pasado, con solo 60 pendientes y 57 en el propio 2023. 

Con estas órdenes para embargar bienes se trata de buscar efectos que tengan un valor en el mercado, como joyas o piezas de arte (cuadros), pero se descartan otro tipo de objetos donde se sabe que el dinero que se puede obtener es mínimo o que no habrá pujas en las subastas como televisiones o electrodomésticos. De hecho, la gran mayoría de bienes que salen a subasta pública se refieren a inmuebles, fincas, naves, vehículos o barcos, si se diera el caso, aunque en alguna ocasión sí se ha llegado a catalogar algún cuadro, mientras que no se suelen encontrar joyas, explican desde dicha oficina, algo que los afectados suelen vender con anterioridad a todo el proceso judicial.

Casi el 40% de los paralizados, por vulnerabilidad

La estadística judicial no contabiliza los desahucios paralizados. Pero sí se tiene constancia de que los que fueron suspendidos, temporalmente, entre el 30 y el 40% fue por vulnerabilidad de los moradores. El resto, la mayoría, acabaron cancelándose al conseguir llegar a un acuerdo entre las partes previo. Fuentes de la Oficina aseguraron que cuando se paralizan por razones de vulnerabilidd se suele dar un plazo de unos meses para que el juzgado tenga un informe de servicios sociales y valorar la situación. Después de ese plazo, puede volver a reactivarse el desalojo con alternativas.

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