Los desahucios en trasteros de Vigo destapan su uso como vivienda
Vivienda
Las demandas de desalojo que llegan a los juzgados se incrementaron este verano un 32% respecto al mismo periodo de 2023 extendiéndose a garajes y desvanes
La dificultad para acceder a una vivienda en Vigo, sin apenas oferta y con los precios de los alquileres por las nubes estaría detrás de una situación extrema detectada entre las demandas de desahucio que llegan a los juzgados, la del uso de trasteros en alquiler no como lugar de almacenaje sino de residencia. Desde el Servicio de Notificaciones y Embargos dan fe de esta realidad, si bien explican que los casos descubiertos son, por el momento, excepcionales.
El Juzgado de Primera Instancia número 9 dictó sentencia este mismo año ordenando el desalojo de dos trasteros que habían sido ocupados por un ciudadano, sin hacer frente al pago del alquiler. El hombre alegaba que había un acuerdo verbal con el propietario y que se encontraba en situación de vulnerabilidad.
Los propios propietarios de estos desvanes ya advierten en algunos de los anuncios de alquiler que “no se permite pernocta ni vivienda”, como en uno que se alquila en As Travesas de 55 metros cuadrados y baño por 250 euros al mes, un precio por el que actualmente solo podría arrendarse una habitación.
Lo cierto es que las demandas de desahucio por impago han registrado una subida importante durante el trimestre de verano que, en realidad, solo cuenta con dos meses operativos, pues agosto es inhábil. La subida, respecto al mismo periodo del año pasado fue del 32% y, aunque la mayoría de solicitudes se refieren a viviendas de alquiler, también se encuentran las demandas de desalojo de trasteros y garajes, que se alquilan de forma independiente a las viviendas.
En números absolutos, se recibieron en los juzgados desde julio a septiembre un total de 70 demandas, frente a las 53 del mismo periodo del año anterior, mientras que se ejecutaron las mismas, 63.
La cifra sigue la tendencia al alza del trimestre anterior, que ya superó al mismo periodo de 2023, contabilizándose un total de 109 solicitudes de desahucio, frente a las 90 del año anterior.
Este incremento va a la par con el aumento de asuntos que soportan los juzgados en general y los de Primera Instancia en particular. Las deudas o imposibilidad de hacer frente a los pagos vuelve a estar detrás del aluvión de demandas que llegan a las oficinas judiciales.
Los desahucios por ejecuciones hipotecarias siguen a la baja, y durante el tercer trimestre del año la cifra fue muy inferior a la de impago de alquiler, señalan desde el Servicio de Notificaciones.
Lanzamientos de negocios y menos embargos
La cifra de desahucios también incluye además de viviendas, trasteros y garajes, negocios y establecimientos comerciales, que acaban siendo desalojados por impago de alquiler. En la mayoría de casos, cuando la comisión judicial lleva a cabo el lanzamiento dichos negocios ya han sido vaciados por lo que se certifica la entrega a la propiedad.
Frente al incremento de desalojos, durante el tercer trimestre del año, hubo un descenso en los embargos. Las órdenes ingresadas por el Servicio de Notificación fueron 48, frente a las 68 del mismo periodo del año anterior, aunque las que se ejecutaron fueron más, 25 frente a la veintena entre julio y septiembre de 2023.
La situación de vulnerabilidad sigue paralizando desahucios, cuyo procedimiento se devuelve al juzgado de Primera Instancia, donde tras recibir la documentación de los afectados resuelve si continuar con el desalojo o remitir el caso a los servicios sociales para la búsqueda de una alternativa habitacional. El proceso puede dilatarse meses, dependiendo de cada situación concreta, informaron desde la oficina de los juzgados.
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