La red de drogas de A Doblada se libra de la cárcel: solo dos, a prisión

Una veintena de acusados del entramado de venta de drogas al menudeo en A Doblada aceptó ayer penas de entre dos acuatro meses y casi tres años de cárcel tras reconocer los hechos y aceptar el acuerdo de conformidad suscrito entre las partes. Entre los condenados se encuentra Samuel F.V., uno de los conductores del pique de tráfico que acabó con la vida de un matrimonio en Jenaro de la Fuente en 2009.

Según los hechos reconocidos ayer en la vista por conformidad Audiencia, una de las acusadas, R.M.J.M. y sus dos hijos, N.P.J. y E.A.P.J., se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes desde un piso de la calle Xílgaro de Vigo. El resto colaboraba con ellos adquiriéndoles la droga que luego vendían a terceros, o cooperando para guardar las sustancias y realizar cobros.

En el caso de Samuel F.V., el ministerio público sostiene que, además de suministrar droga a N.P.J., también él mismo distribuía estupefacientes en su domicilio de la parroquia de Lavadores.

En la vista celebrada este lunes, todos los acusados, excepto uno de ellos que se encuentra en busca y captura y que fue declarado en rebeldía, llegaron a acuerdos con la acusación pública y aceptaron penas menores. De este modo, salvo dos de los procesados, que tienen antecedentes y están en prisión, el resto se librará de la cárcel, y a todos se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas.

Así, la Audiencia ha condenado a R.M.J.M. a 2 años y 9 meses de cárcel y al pago de una multa de 6.200 euros, con la agravante de reincidencia y la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas; a la misma pena de prisión ha sido condenado Y.P.V., también reincidente y con la misma atenuante. En este caso, la multa impuesta ha sido de 28.900 euros.

Otros cuatro acusados, entre ellos Samuel F.V., han aceptado 2 años de prisión y multas que oscilan entre 5.100 y 15.000 euros. A los demás, el tribunal les impuso penas de entre 4 meses y un año y 9 meses de cárcel, así como multas entre 10 y 6.300 euros.

Para 16 de los procesados se decretó la suspensión de la pena de prisión durante dos años.