Prohíben la entrada al país de un padre por secuestrar a su hija

El Tribunal de Instancia de Vigo acogió este lunes una vista por secuestro parental. El acusado admitió que tras separarse de la madre con la que convivía en la ciudad meses antes de la fecha para el juicio de divorcio, concretamente en noviembre de 2023, de forma unilateral, sin conocimiento ni consentimiento de su exmujer se llevó a la hija de ambos, de entonces seis años desde Vigo a Oporto, donde cogió un vuelo a Marruecos. Al día siguiente, al ver que la niña no había ido al colegio, la madre interpuso una denuncia y desde ese momento hasta un año después no volvió a ver a la pequeña, ni a tener comunicación con ella, sin saber si quiera dónde se encontraba.

Por estos hechos, el padre aceptó tras llegar a un acuerdo de conformidad con la acusación, una pena de dos años y un día de prisión que le fue conmutada por la expulsión del país durante una década, tiempo durante el cual no podrá entrar en España, así como la pérdida de la patria potestad por el mismo periodo. Tendrá que pagar a la madre una indemnización de 6.000 euros y tampoco podrá comunicarse ni aproximarse a su hija en diez años.

En el tiempo en el que se produjo el secuestro parental, en febrero de 2024, el juzgado otorgó el divorcio y la guardia y custodia con patria potestad exclusiva a la madre. Sin embargo, ella desconocía el paradero de la pequeña, por lo que se acordó una orden europea e internacional de detención del padre. Consta que la niña, al menos en esa fecha estuvo en Emiratos Árabes Unidos. En una fecha sin concretar, el acusado entregó a la menor a su tía materna en Marruecos, donde permaneció hasta que en virtud de una sentencia de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal de Apelación del municipio en el que estaba la niña, las autoridades marroquíes ordenaron el traslado de la menor hasta Vigo.

Los hechos fueron calificados como un delito de sustracción internacional de menores. La Fiscalía solicitaba inicialmente el ingreso del acusado en un centro de internamiento para asegurar la expulsión que debe hacerse efectiva en un máximo de 60 días. Además, deberá hacer un ingreso de 3.000 euros y el resto en pagos mensuales de 200.

El acusado, que actualmente reside fuera de Vigo, aceptó el acuerdo en una vista celebrada en la plaza 3 de Penal en la que estuvo presente por videoconferencia y asistido por un intérprete de inglés.