Del 6 al 8 de noviembre
Radar Atlántico: historia entre panteones, castañas y mucho humor
La sección quinta de la Audiencia ha condenado a once acusados, entre ellos una empresa de transportes, de formar una red dedicada a construir y vender embarcaciones destinadas al tráfico de estupefacientes.
En la sentencia impone penas que van desde los dos años a los cinco de prisión, además de multas que suman en total los 12,8 millones. A diez les considera autores responables de un delito de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido realizado a través de una organización, mientras que a uno de ellos, Felipe V.M, se le condena a dos años por integración en organización criminal y a Guillermo S. se le absuelve del delito de tráfico de drogas y se le impone cuatro años y cuatro meses por contrabando y otros dos años por tenencia ilícita de armas.
Para los considerados cabecillas Ramón S. V. y Sergio R.T, la sentencia fija cinco años de cárcel y una multa de 3,8 millones, mientras absuelve a Antonio P. , después de que la Fiscalía retirara la acusación durante al última sesión del juicio. A la empresa de transportes, además de una sanción de 15.000 euros, la Audiencia le prohibe obtener subvenciones y ayudas públics por un año y medio y se les suspende por un año las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones semirrígidas.
La resolución judicial da por probado la tesis de la acusación que sostenía que los acusados formaban parte de una organización que se dedicaba de forma sostenida en el tiempo, al menos entre 2020 y 20200 once acusados a construir cascos de embarcaciones semirrígidas en una nave de la Vigo y que luego se completaban en Portugal. Las lanchas acababan posteriormente en diferentes puntos de España, mayoritariamente en el sur, para ser destinadas al tráfico de estupefacientes.
De esta forma, rechazaron las versiones de los acusados que negaron en todo momento conocer para el destino final de las embarcaciones, aegurando que solo construían o transportaban cascos y por tanto las defensas basaban su relato en que si barco no había delito.
La Audiencia considera que la investigación ha aportado pruebas de la existencia de esta organización que tendría el epicentro en Vigo y con papel relevante de algunos de los acusados desde las distintas naves.
La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza.
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