El Concello de Vigo hará una ordenanza para agilizar licencias de obras

El Concello dará hoy luz verde a una nueva ordenanza reguladora de licencias, para simplificar la tramitación administrativa. Según explicó el regidor, se trata de agilizar los procedimientos relacionados con las licencias urbanisticas y “fomentar la actividad económica y facilitar la implantación de soluciones sostenibles”.

Caballero señaló que permitirá facilitar la ejecución de obras y actividades de bajo impacto, “permitiendo a la ciudadanía iniciar ciertos trabajos con solo presentar una comunicación previa o una declaración responsable, sin necesidad de esperar por la licencia municipal”. Esta reforma afecta especialmente a actuaciones en viviendas y locales, y a la apertura de negocios de bajo riesgo. Asimismo, la ordenanza incluye novedades en materia de sostenibilidad y de movilidad regulando, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga de vehículos y sistemas de energía renovables en cubiertas de edificios.

Con el nuevo Plan General en vigor desde hace meses, el Concello espera un aumento de la actividad urbanística que conllevará a su vez más trámites. Si bien esta licencia está pensada para obras de menor calado que nuevas promociones, permitirá agilizar el trabajo administrativo.

Con el visto bueno del gobierno local, la ordenanza se aprobará “inmediatamente” después en el pleno, posteriormente se someterá a información pública durante 30 días hábiles para que se puedan presentar alegaciones, tras lo que pasará a aprobarse de forma definitiva en el pleno. “Esto es el Concello trabajando en acortar tiempo, trámites y en acelerar la otorgación de licencias”, reivindicó Caballero.

El alcalde también avanzó que la junta de gobierno aprobará a su vez la ordenanza para regular los pisos turísticos tras recibir el martes el visto bueno de Urbanismo. Según explicó, “la ordenanza establece de forma clara y expresa la obligatoriedad de contar con título habilitante, como condición previa a la explotación de la actividad”. El regidor puso en valor que este procedimiento otorga “seguridad jurídica” a los titulares y a los vecinos, y “se garantiza la compatibilidad de las viviendas turísticas con el uso residencial y el derecho a la vivienda”.

Igualmente, recordó que solo podrán implantarse en edificios de uso completo o en plantas altas y bajas, siempre que se garantice la independencia de acceso respecto a las viviendas residenciales. Por otra parte, no se permitirá su implantación en viviendas protegidas o que fueron objeto de rehabilitación o de reformas con ayudas públicas.