El Concello de Vigo fija 2031 para aplicar las Zonas de Bajas Emisiones al completo

El Concello fija el año 2031 como plazo para la implantación completa y definitiva de las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad, tras un periodo previo de aplicación progresiva y con varios años de transición. Los siguientes hitos inmediatos pasan por cerrar el proyecto de manera definitiva antes de que termine este año e iniciar la tramitación de la ordenanza municipal que regulará su funcionamiento. Así, la previsión es que el año que viene pueda empezar a aplicarse ya una primera fase informativa en la que no habría sanciones.

Las Zonas de Bajas Emisiones son una medida de obligado cumplimiento para las ciudades de más de 50.000 habitantes en España, que parte de una regulación previa europea, y buscan limitar la circulación de los vehículos más contaminantes, como ya ocurre en otras grandes urbes como Madrid o Barcelona. Cuando estén plenamente en vigor, afectarán a más del 90% del parque de automóviles de la ciudad, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 restringiendo el acceso a los coches más contaminantes.

El calendario inicial del Concello se reajusta ahora para adaptarlo a los tiempos administrativos y dar mayor flexibilidad a los conductores, ya que el proyecto aprobado de forma inicial planteaba que la primera fase comenzase el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, la concejala de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal, Patricia Rodríguez, explica que el Concello decidió replantear los plazos tras el periodo de alegaciones y una nueva consulta pública. “La tecnología para realizar el seguimiento de las Zonas de Bajas Emisiones ya está toda implantada”, afirmó.

Rodríguez detalló que, tras la aprobación inicial del proyecto en septiembre, se abrió un plazo de alegaciones y una nueva consulta pública para recoger propuestas de la ciudadanía y de colectivos afectados. “Antes de que acabe el año tendremos que resolver de forma definitiva el proyecto e iniciar la ordenanza”, indicó.

El horizonte de 2031, según la concejala, responde también a la evolución de los plazos europeos, a las dificultades prácticas detectadas en otras ciudades y a decisiones judiciales que anularon algunos proyectos por falta de proporcionalidad. “Hemos adoptado una medida inteligente, dando los pasos de forma sosegada y teniendo en cuenta lo que estaba pasando a nuestro alrededor”, concluyó.

Las Zonas de Bajas Emisiones se organizarán en cuatro ámbitos diferentes que, en conjunto, alcanzan una superficie de 67 hectáreas. Se situarán en el Casco Vello, la Plaza de Portugal, Bouzas y el Calvario. A falta del visto bueno definitivo, el plan inicial del Concello es que la primera fase sea informativa para un año después impedir el acceso a los vehículos sin etiqueta ambiental (turismos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006). La segunda fase añadiría la restricción a los coches con distintivo B (gasolina matriculados antes de 2006 y diésel anteriores a 2014), mientras que una tercera y última impediría el acceso también a los vehículos con etiqueta C, los más numerosos en Vigo. Se trata de turismos de gasolina matriculados desde 2006 y diésel desde 2015.

Según los datos de la DGT, más de 64.000 coches de Vigo carecen aún de etiqueta ambiental, es decir, pertenecen al 50% más contaminante al no cumplir los requisitos para ser etiquetados como vehículos limpios.

El gobierno local mantiene que las medidas “no van a generar ningún perjuicio”

La concejala Patricia Rodríguez recordó que las Zonas de Bajas Emisiones son una obligación que emana de la normativa europea, pero planteó una aplicación “lo más laxa posible” en cuanto a los plazos para permitir la renovación natural del parque móvil. “No podemos adoptar medidas que supongan una discriminación por clase social”, señaló, y añadió que el modelo plantea un primer año de observación para analizar qué tipo de vehículos acceden a las zonas mediante la tecnología instalada y, a partir de ahí, decidir de forma gradual qué restricciones se activan en el ejercicio siguiente.

El Concello dispone ya de 74 cámaras capaces de leer matrículas instaladas en las zonas en las que se aplicarían estas medidas y cuyo control se gestiona desde la sala de tráfico situada en Praza do Rei.

En ese esquema, precisó, se contemplan excepciones para residentes, acceso a aparcamientos subterráneos, transporte de mercancías o desplazamientos a centros sanitarios, entre otros supuestos vinculados a servicios esenciales. “No vamos a impedir el acceso para servicios de la ciudadanía”, aseguró, al tiempo que insistió en que el objetivo es reducir emisiones “sin entrometernos en la actividad ordinaria del transporte urbano”.

Rodríguez sostuvo que la ciudad ya fue reordenando el tráfico y ampliando zonas peatonales en los últimos años, por lo que el impacto de las Zonas de Bajas Emisiones será limitado. “Creemos que no va a generar ningún perjuicio”, afirmó, y defendió que la transición será “adecuada” y permitirá a los vecinos seguir desarrollando su vida cotidiana con normalidad.