El Concello reclama más de medio millón de euros a Audasa

El gobierno local exige 383.000 euros del IBI de este año y otros 120.000 euros de 2023 a la concesionaria de la AP-9

Publicado: 29 oct 2026 - 18:55 — Actualizado: 29 oct 2026 - 19:10
Vehículos circulando por la AP-9 a su paso por Vigo en el barrio de Teis.
Vehículos circulando por la AP-9 a su paso por Vigo en el barrio de Teis. | Atlántico

El Concello reclama a Audasa más de medio millón de euros en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que la concesionaria de la AP-9 debe pagar ya los últimos años tras finalizar la bonificación de la que disfrutaba desde 1972. El gobierno local exigirá la cantidad correspondiente a este año, a la que sumará otra reclamación correspondiente a los meses de 2023 que quedaron pendientes de liquidación y cobro tras el fin de la exención.

El alcalde Abel Caballero anunció este jueves que el Concello ya remitió a la compañía la liquidación de esa cantidad. “Le giramos, por tanto, una factura de 120.000 euros”, explicó, antes de precisar que el importe adicional que deberá abonar la concesionaria correspondiente a este 2026 asciende a otros 383.000 euros. Entre ambos, la cifra supera el medio millón.

Caballero recordó que Audasa pagaba únicamente 18.407 euros al año hasta 2023 gracias a una bonificación del 95% del impuesto. Según señaló , este trato fiscal se remontaba a 1972 y estaba amparado por una normativa de la época franquista. Con el fin de esos beneficios, la empresa pasó a abonar el importe íntegro que le corresponde. “Se acabaron las bonificaciones y los favores del franquismo a Audasa”, afirmó el regidor, que defendió la decisión municipal de poner fin a un régimen fiscal que reducía de forma sustancial la contribución de la concesionaria a las arcas locales. “Ahora paga el 100% a tocateja”, insistió.

La reclamación se produce mientras la empresa eleva su rentabilidad. Audasa cerró el pasado ejercicio con cifras récord, al superar los 100 millones de euros de beneficio neto y los 228 millones de recaudación. Durante el primer semestre de este año, el incremento del tráfico volvió a impulsar sus resultados. Todo ello pese al dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegal la prórroga otorgada en 2000. El Gobierno recurrió la decisión, lo que prolongará el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte una sentencia firme.

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