Audasa se embolsa 45,9 millones en 2026 con la prórroga ilegal de la AP-9

Audasa vuelve a batir récord de beneficios pese al dictamen de la Comisión Europea, que consideró ilegal la prórroga del peaje realizado en el año 2000. En el primer semestre de 2026 se embolsó 45,9 millones de euros, un 3% más que en el ejercicio anterior, sustentado en una mayor afluencia de vehículos. La intensidad media diaria (IMD) de los 220 kilómetros fue de 26.833, récord en las estadísticas de enero a junio. La segunda parte del año, en especial julio y agosto, es más concurrida por los conductores y la circulación diaria puede alcanzar los 33.000. En el acumulado de los seis meses de 2026, la autopista registró 61 millones de viajes, con los tramos entre Vigo y Puxeiros y el paso por el Puente de Rande siendo los más utilizados. Las cuentas de facturación arrojan un ingreso de 108 millones de euros, levemente mejor que en el mismo periodo de 2025.

Este beneficio millonario de Audasa viene con una gran polémica que llegó hasta el Congreso de los Diputados y a Europa. La Comisión Europea declaró ilegal la prórroga concedida en 2000 para el pago de peajes, obligando al Estado a una recuperación y a la posibilidad de hacer su paso gratuito. Para este dictamen cabía recurso, y así lo aplicó el Gobierno, que demorará el trámite unos cinco años (o más) para contar con una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí, con total probabilidad, se tumbará la concesión ilegal a Audasa, que recibirá una indemnización todavía sin estipular. Mientras, la concesionaria continúa cobrando a sus usuarios y batiendo récord de beneficios a cada ejercicio cerrado.

La prórroga ilegal se fraguó en los años 2000. Según el dictamen europeo, la concesión se dio sin abrir ningún concurso público, para extender así un monopolio ‘a dedo’ a Audasa, ahora en manos de un fondo holandés y suizo. Hace un año, desde Europa señalaron su ilegalidad tras una denuncia presentada por la asociación de usuarios En Colectivo, a la que se sumaron los transportistas. Pero ese dictamen no modificó en nada la forma de actuar de Audasa. Pese a ser ilegal, siguieron cobrando por la utilización de la AP-9 e, incluso, elevando los precios con la actualización anual que realiza, mostrando un afán recaudatorio que también quedó patente en las obras de ampliación del Puente de Rande. En ellas, se generaron varios atascos de gran magnitud e incidencias notables para los conductores, pero siguieron cobrando la tarifa íntegra.

Los últimos datos también constatan la desaparición del pago en efectivo. Según Autopistas del Atlántico, el 81% de los vehículos ya pagan a través del telepeaje, y solo queda un 4,2% que realiza el pago en billetes y monedas. Las bonificaciones aplicadas por el Gobierno han supuesto para el usuario un ahorro de 43,8 millones de euros, así como 6,6 millones de euros por peajes en sombra.

Innovación para ahuyentar jabalíes

En paralelo, Autopistas del Atlántico reivindica "importantes inversiones" en seguridad y servicios, como la implantación de barreras inteligentes diseñadas para prevenir el acceso de fauna a la calzada.

El sistema inició su despliegue con la protección de cinco enlaces (A Barcala, Cuatro Caminos, entrada y salida, Guísamo y Santa Marta), donde, según apunta, no se han detectado intrusiones desde la activación de las barreras.

El proyecto ha ido acompañado del reforzamiento de vallados y vigilancia por cámaras en puntos críticos de paso de fauna y forma parte de una línea de trabajo orientada a anticipar riesgos, incorporar soluciones innovadoras y seguir mejorando la seguridad de cada trayecto.

Los primeros resultados registran una reducción del 60 % en accidentes con daños personales por irrupción de jabalí en calzada, con respecto al primer semestre del año anterior, de acuerdo con su información.

Compromiso con la movilidad sostenible

También puso en marcha durante el semestre los 16 primeros puntos de carga eléctrica ultrarrápida. El corredor de electrolineras de la AP-9 dispondrá este año de 74 cargadores que operarán en las siete áreas de servicio. El proyecto cuenta con una inversión de 7,6 millones de euros.

Desde su puesta en servicio el 31 de marzo, los surtidores eléctricos han registrado 1.200 cargas y han suministrado 39.000 kilovatios/hora, equivalentes a evitar la emisión de 9 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, resalta Audasa.

"El corredor de electrolineras refuerza el papel de la AP-9 como infraestructura clave para impulsar una movilidad más sostenible, conectada y preparada para acompañar la transición energética en Galicia", según destaca.